PP de Vigo denuncia que Caballero paralizó una licitación para "blindar" al condenado por enchufar a la cuñada de Silva

VIGO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, ha alertado del "escándalo" que supone la "maniobra" llevada a cabo por el gobierno local, que paralizó la licitación del alumbrado para "blindar" en el contrato al condenado por enchufar a la cuñada de Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde.

"El alcalde, Abel Caballero, no ordenó la licitación del contrato hasta asegurarse que el tribunal suspendía la condena y aseguraba que podía trabajar para el sector privado. Cuando estuvo seguro de ello, y no antes, de manera extraordinaria y urgente de un día para otro sacó adelante una licitación de 12 millones de euros, uno de los contratos más importantes de la ciudad y también de los más jugosos", ha lamentado Marnotes.

En este sentido, el portavoz del PP ha criticado que esta nueva licitación no se activó hasta dos meses antes de terminar el actual contrato, coincidiendo con la suspensión de condena por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El concejal ha explicado que el contrato terminaba el pasado mes de julio y no empezó la licitación hasta dos meses antes. "Resulta evidente que Vigo se quedaría sin mantenimiento de alumbrado público y de los túneles de la ciudad, por lo que hacen el apaño de regalarle a la empresa tres meses más de contrato y casi medio millón de euros", ha añadido, según recogen los 'populares' en un comunicado.

Marnotes ha insistido en que el contrato de 12 millones estuvo "parado" por el Ayuntamiento hasta que se aseguró de que esta persona podía seguir trabajando. "Aquí no ha primado el interés público. Se ha utilizado al Ayuntamiento para blindar a esta persona, probablemente para pagarle el favor y asegurar su silencio", ha sentenciado.

Por su parte, desde el Ayuntamiento han reivindicado en un comunicado que el único retraso en la tramitación de este contrato fue debido a una denuncia del Partido Popular ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, que fue rechazada.