Dice que los gallegos pagarán los impuestos ambientales autonómicos a las eléctricas porque la ley estatal obliga a repercutirlos en cada comunidad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha avanzado este viernes que en un plazo de tres meses se producirá una nueva subida de la luz en Galicia, como consecuencia de los cambios en la normativa estatal que obliga a las eléctricas a repercutir los impuestos autonómicos ambientales en los consumidores de ese territorio.
Por ello, en rueda de prensa, ha instado a la Xunta a tomar medidas ante este "ataque" tanto a los ciudadanos gallegos como al propio autogobierno, toda vez que los gravámenes ambientales tienen por objetivo "cubrir los daños" ocasionados por la producción de energía.
La reforma normativa aprobada bajo el mandato de Mariano Rajoy, como ha explicado el dirigente socialista, convierte en "obligatorio" el precepto que durante la etapa de José María Aznar se introdujo como "opcional", relativo a que las eléctricas incluyan un suplemento territorial en las comunidades que les impongan tributos.
Así, y pese a que Galicia es exportadora de energía, sólo los ciudadanos gallegos verán aumentada su factura, lo que supone "una discriminación intolerable" para Leiceaga. "Sufrimos los costes y pagamos los impuestos", ha protestado.
En este escenario, ha censurado que la Xunta "no está" y le ha exigido que defienda "los intereses de los gallegos y el autogobierno" frente a este "ataque" tan "importante". Por su parte, los socialistas ya han comenzado a presentar iniciativas parlamentarias para impedir que "este ataque quede sin respuesta".
CAMBIAR LA LEY
Entre las opciones que plantea el PSdeG para combatir la nueva subida del recibo de la luz está aprobar una declaración política en la Cámara en contra de que los impuestos energéticos y ambientales autonómicos se incluyan en los suplementos territoriales y tengan, por lo tanto, que ser abonados por los consumidores gallegos.
No descarta tampoco, como ha indicado Leiceaga, promover una reforma de la ley eléctrica para eliminar el precepto que obliga a las compañías revertir estos costes en los usuarios de forma territorializada, ni solicitar a la Xunta que plantee un recurso de inconstitucionalidad, como ya hizo la Junta de Extremadura.
TRES EUROS MÁS
La cuantía en la que aumentará el recibo dependerá si sólo se interpreta como gravamen autonómico el canon eólico (unos 23 millones de euros) o se incluyen también los impuestos al daño ambiental ocasionado por el agua embalsada y a la contaminación atmosférica que provocan las centrales térmicas. De ser así, se superarían los 40 millones de euros y podrían suponer unos tres euros adicionales en cada recibo.
En cuanto al plazo de tres meses que ha concretado para la subida del precio de la energía, se trata del que ha dado el Tribunal Supremo (ante una reclamación de las compañías para imponer estos costes) para que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dicte una resolución en la que se fijen las cuantías que han abonar los consumidores de las comunidades afectadas.