El PSdeG irá al Supremo si el TSXG decreta que no está legitimado para recurrir la composición de la Xunta

alberto nunez feijoo preside a reunion do consello da xuntafotos: ana varela14/1
XUNTA/ana varela
Actualizado: viernes, 15 octubre 2010 17:19

Confía en que la intención del tribunal no sea "alargar el proceso" y le exige que entre "en el fondo de la cuestión" aunque sea "difícil"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, ha anunciado este viernes que su grupo acudirá al Tribunal Supremo (TS) en caso de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declare que no está legitimado para recurrir la composición del Consello de la Xunta, que los socialistas creen que no respeta la paridad obligada por ley.

Lo ha advertido en rueda de prensa, en la que también ha presentado las alegaciones que su grupo elevará al alto tribunal gallego, después de que éste dictase -el pasado 30 de septiembre- una providencia en la que pedía a las partes que se pronunciasen sobre "la eventual falta de legitimación de los recurrentes". "Estamos convencidos de que nos asiste la razón y también la razón jurídica, por lo que no nos conformaremos", ha recalcado.

En todo caso, ha opinado que "en un breve plazo", el TSXG determinará que su grupo es "legítimo defensor" de la legalidad, por lo que le ha pedido que, a continuación, "entre en el fondo de la cuestión". "Se lo pedimos expresamente", ha enfatizado, tras considerar necesario que se corrija la "vulneración" de la Ley de la Xunta y su presidente, mientras que la portavoz de Igualdad del PSOE en la Cámara gallega, Silvia Fraga, ha reclamado al tribunal que "afronte con valentía su obligación de hacer cumplir la ley al presidente", aunque sea "difícil".

"Debe dirimir, por arduo que sea, si se está conculcando esta ley", ha insistido Leiceaga, tras reiterar que las dudas sobre la "legitimidad" de su grupo tienen "poco fundamento" y son "extemporáneas", dado que se producen "15 meses después" de la presentación de la denuncia y esto, a su entender, "dice poco del funcionamiento de la Justicia". Además, ha incidido en que es "extraño" que, tanto tiempo después, "se plantee una cuestión previa" que tan sólo contribuye a "alargar el proceso" y ha confiado en que ésta no sea la intención del tribunal.

A mayores, ha llamado la atención sobre la "nulidad" que se podría derivar de los acuerdos adoptados en el Consello de la Xunta si la Justicia da la razón a su grupo, al tiempo que ha puntualizado que, por su parte, no la demandarán. "Pero puede haber terceros que sí lo hagan", ha apostillado.

"FALTA DE RESPETO"

Sobre las leyes de igualdad, el portavoz socialista ha admitido que Feijóo tiene "todo el derecho" a estar "en desacuerdo" con los porcentajes de representatividad de los géneros, pero ha dejado claro que "es incuestionable" que debe cumplirla. "El PP ya evidenció que no está de acuerdo con estos principios al recurrir la Ley de Igualdad del País Vasco", ha criticado.

En la misma línea ha abundado su compañera de filas, para quien el máximo mandatario gallego "ya demostró que no cree en la igualdad" a través de "numerosos comentarios machistas" y la supresión del Servizo Galego da Igualdade en la última sesión plenaria del Parlamento, entre otras actuaciones. De todos modos, ha censurado el que el "incumplimiento" de una ley por parte del presidente es "una falta de respeto" y "un mal ejemplo".

Preguntado por la forma en que se podría superar esta situación de "ilegalidad", Leiceaga ha indicado que se podría crear una consellería cuyo titular sea una mujer, suprimir un departamento dirigido por un hombre o cambiar a un conselleiro de los actuales por una fémina. "Lo más sensato sería suprimir una consellería pero compete al presidente", ha zanjado, tras ironizar con que a él le "costaría mucho trabajo" decidir a qué conselleiro sustituir, ya que "hay muchos que lo merecen". Finalmente, se ha decantado por los de Educación y Medio Ambiente.

ALEGACIONES

El TSXG justificó su resolución en que, según lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1.i del artículo 19 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, "cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre hombres y mujeres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal".

Ante ello, los socialistas aducen que este apartado tiene como finalidad reforzar la protección judicial del derecho de igualdad "y no restringir su defensa por medio de una interpretación excesivamente rigorista de tal precepto". Además, argumentan que su objetivo es "ampliar la legitimación en la defensa del derecho de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que tal precepto debe interpretarse de forma generosa en cuanto a los sujetos legitimados para accionar en su defensa".

Al margen de lo anterior, apelan a los artículos fundacionales del PSOE y a sus principios inspiradores, en los que se incluye la igualdad de los hombres y las mujeres así como la aspiración a la transformación de la sociedad para convertirla en "igualitaria", para considerarse legitimados para defender "no sólo la defensa del derecho a la igualdad o no discriminación por razón de sexo, sino también la defensa del principio de legalidad frente a un acto (...) por el que se designan los miembros del órgano supremo de Gobierno de la Xunta".

Entre otras cuestiones, y a modo de réplica a lo apuntado por el TSXG, los socialistas señalan en su escrito de alegaciones que pretender que un organismo público competente en la materia recurriera el nombramiento de los miembros de un Gobierno es "irrealizable", ya que "se abstendrían ante una posible acusación de ser utilizado con fines políticos partidistas". En lo que atañe a los sindicatos, opinan que sería "encomendarles una misión que sienten ajena a sus fines", mientras que sostienen que "no existe una asociación de ámbito estatal cuyo fin único sea la persecución de la igualdad entre hombres y mujeres".

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