Aboga por que los municipios reciban un porcentaje fijo de tributos de la Comunidad, el cual se incremente cada año
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSdeG presentará una proposición de ley en el Parlamento gallego que busca que las entidades locales tengan un mayor acceso a ingresos de la Comunidad con el fin de mejorar su financiación.
En rueda de prensa en Santiago, el portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, y la diputada Begoña Rodríguez Rumbo han explicado que proyecto de ley tiene como objetivo conseguir una financiación "más adecuada" para que los ayuntamientos puedan hacer frente a las competencias "propias e impropias" a desarrollar.
De tal forma, se reclama que se regule por ley la garantía de una cuantía mínima para que los ayuntamientos puedan cubrir servicios, la cual vaya "creciendo todos los años", a través de una mesa de negociación con la Xunta, indica Beatriz Rodríguez.
Así, Fernández Leiceaga señala que la participación de los municipios de los ingresos del Gobierno gallego "es la contrapartida financiera a esas cargas que la Xunta traslada hacia abajo sin comprometerse financieramente".
Esta proposición de ley supondría la ampliación del pacto local firmado entre la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta en 2006. Precisamente, la Fegamp aprobó por unanimidad el 14 de febrero de este año una resolución en la que se demanda que se regule la participación en los ingresos de la Comunidad por parte de los municipios.
De hecho, se apuesta por que los ayuntamientos reciban un porcentaje fijo de los tributos de la Xunta correspondientes a los capítulos I, II y III de su presupuesto. Por ello, el Fondo de participación local de Galicia que quieren crear los socialistas tendría un carácter independiente de otros convenios o programas de colaboración de la Xunta con corporaciones locales, según recoge la iniciativa.
DISPERSIÓN Y ENVEJECIMIENTO
En el acceso a esa financiación se tendrían en cuenta aspectos como la dispersión y el envejecimiento, de una forma "legal" y "estable", resalta el portavoz parlamentario socialista. También considera importante que el Parlamento gallego se posicione en el debate de reforma de financiación local que se lleva a cabo en España.
Según apunta Leiceaga, tiene como objetivo que las convocatorias para ayuntamientos en Galicia no sean en "un noventa y tanto por ciento" destinadas a municipios del Partido Popular, sino que tenga "un carácter más reglado y menos discrecional".
APORTACIONES "INSUFICIENTES" DE LA XUNTA
En esta línea, Leiceaga subraya que la participación por parte de entidades locales de ingresos de la Comunidad "está recogida en distinta legislación del Estado".
Al respecto, indica que en los últimos años los presupuestos de la Xunta "dan una respuesta insuficiente" a las necesidades de los municipios en sus cuantías, mientras se incrementan "las cargas" en cuestiones como servicios locales.
A modo de ejemplo, Leiceaga ha expuesto la última resolución de la Consellería de Medio Rural sobre la plaga de la patata, en la que se llama a los ayuntamientos a velar por que en los mercados locales se realicen controles, pero la Xunta "no da ningún medio adicional para que los haga".
A renglón seguido, Rodríguez Rumbo ha señalado que el borrador se debatirá con la Fegamp y diversos agentes que aportarán sus ideas. Esta es la primera proposición de ley que presenta el PSdeG en esta legislatura.
"EN LA BUENA DIRECCIÓN" PARA TRANSFERENCIA DE AP-9
En otro orden de cosas, el pasado miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa de En Marea para instar al Gobierno a realizar la transferencia de la AP-9 a Galicia, que contó con el rechazo de PP y Ciudadanos.
A preguntas sobre esta cuestión, Leiceaga ha apuntado que esa proposición no es de ley, por lo que no tiene un fin más allá del "discursivo", si bien valora que "va en la buena dirección" y fue apoyada por los socialistas.
Con todo, valora que se consiga en el Congreso una mayoría que pueda respaldar la "vía útil" iniciada en el Parlamento gallego para sacar adelante la ley de la transferencia de la autopista, después de "eliminarse los inconvenientes" expuestos por el Gobierno.