Los sindicatos lo cifran en hasta un 95% y la patronal dice que no se están cumpliendo los servicios mínimos, tampoco en transporte escolar
SANTIAGO / LUGO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El seguimiento de la huelga de autobuses está siendo masivo en las primeras horas de la jornada en Galicia. Así, mientras los sindicatos lo cifran en hasta un 95%, en función de las zonas, la patronal asegura que no se están cumpliendo ni los servicios mínimos (de un 40% en líneas regulares y del 100% para el transporte escolar).
UGT, CC.OO. y CIG han desplegado piquetes por las principales cocheras y estaciones de bus de la comunidad, de modo que han bloqueado las salidas.
Fegabus fija en más de un 90% el seguimiento del paro en su área de influencia, en parte de la provincia de Pontevedra. Mientras, Transgacar lo sitúa en más de un 90% también en Lugo y Ourense y por encima del 70% en Pontevedra y A Coruña.
Las organizaciones empresariales consultadas por Europa Press (Fegabus, Transgacar y Anetra) dan estas estimaciones iniciales y hablan de seguimiento "masivo" en las primeras horas de un día en el que, según creen, la huelga ha afectado también a los servicios escolares, pese a los servicios mínimos del 100% establecidos por la Xunta.
En cuanto a la actuación de los sindicatos, en Lugo, un piquete de una veintena de miembros de las tres centrales convocantes del paro en el transporte de carretera por viajeros va a permanecer apostado en la estación de autobuses, al igual que en Santiago y en otras localidades.
"PARO COMPLETO"
En la ciudad de la Muralla, el secretario de la federación de transportes de CC.OO., Marcos Pérez, ha destacado que el paro que se ha convocado con carácter indefinido los martes y miércoles está "siendo completo, y está confirmado el 95 de seguimiento".
"Los trabajadores están muy volcados en que la Xunta tiene que dar marcha atrás y la patronal tiene que desbloquear la negociación colectiva", ha aseverado. Además, ha reconocido tener constancia de que en "todas" las zonas los alumnos se han visto afectados por la huelga. "Es normal, porque la crispación es enorme", ha subrayado.
Cristian Álvarez, de la CIG, ha avisado de la "inseguridad" que se genera en el sector con los cambios que pretende introducir el Gobierno gallego y que calcula que supondrá la pérdida del 30% de los puestos de trabajo del sector. "Es una amenaza muy grande que no se puede consentir", ha alertado, al tiempo que ha avanzado que la movilización "irá a más".
En representación de UGT, Fernando Teijeiro ha argumentado que dada la geografía gallega el actual plan de la Xunta va a dejar "a cantidad de pueblos sin servicio de transporte".
"Con este plan de la Xunta los pueblos se van a quedar sin servicio", ha afirmado, antes de defender también la necesidad de que se plantee una "negociación colectiva" con la patronal, "que está destruida y paralizada y hay que reactivarla". "No vamos a consentir que se pierdan mil puestos de trabajo", ha advertido finalmente.
EMPEORAMIENTO DE LA CRISIS
El conflicto que se ha agravado en las últimas horas responde a la oposición de patronal y organizaciones sindicales al modelo que aspira a implantar el Gobierno gallego, de integración del transporte escolar en las líneas regulares de pasajeros, puesto que aseguran que destruirá negocio y empleo.
De un lado, las centrales sindicales auguran la desaparición de hasta un millar de trabajadores, de una plantilla que en total ronda las 7.000 personas.
Las empresas esgrimen que las pequeñas compañías, las que abastecen el rural, se quedarán sin hasta un 70% de su carga de trabajo con el nuevo diseño.
También la Confederación Galega de ANPAs de centros públicos expresó su rechazo al proyecto de Infraestruturas, "por convertir el transporte escolar en transporte de viajeros con reserva de plaza".
Por su parte, la Xunta defiende su anteproyecto "como alternativa para garantizar que a partir de agosto habrá servicios después de las renuncias de las empresas a seguir prestando más de 500 líneas".
En marzo de 2016, el Tribunal Supremo anuló la prórroga de las concesiones de autobuses de línea regular que el Ejecutivo autonómico impulsó en 2009.
Ahora que debe volver a adjudicar la mayor parte de las concesiones, la administración autonómica pretende también reestructurar buena parte de las líneas.