El Sergas atiende a 12.623 inmigrantes en situación irregular y otros 3.237 solicitantes de protección internacional

   Colectivos sociales lamentan la "oportunidad perdida" en la pandemia para acometer un proceso de regularización

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La base de datos del Servizo Galego de Saúde pone cifras a una realidad que escapa de las estadísticas oficiales. En Galicia hay 12.623 personas en situación administrativa irregular y otras 3.237 que tienen el estatus de solicitante de protección internacional.

   Todas ellas tienen reconocido el derecho a recibir atención sanitaria en el Sergas desde el verano de 2018, cuando el Gobierno central eliminó las restricciones impuestas seis años antes para la protección sanitaria de las personas sin permiso de residencia en España.

   Para ello, solo deben presentar un certificado de empadronamiento en un ayuntamiento gallego y demostrar una antigüedad de residencia de, al menos, seis meses. Unos requisitos menos estrictos que los establecidos en el 'Programa gallego de protección social de la salud pública' con el que la Xunta hizo de Galicia una de las comunidades autónomas que, tras los cambios del año 2012, otorgaba amparo sanitario a las personas en situación irregular siempre que no rebasasen un umbral de renta.

   En Galicia, según los datos de la Consellería de Sanidade consultados por Europa Press, son un total de 12.623 los inmigrantes en situación administrativa irregular que figuran en los registros oficiales al tener reconocido el derecho a recibir atención sanitaria.

   A ellos se suman las 3.237 personas que cuentan con el estatus de solicitante de protección internacional, una figura legal por la que optan inmigrantes recién llegados a España de países como, por ejemplo, Venezuela; con el objetivo de "ir acumulando tiempo" en busca del reconocimiento del "arraigo" necesario para regularizar su situación.

   "La pandemia podría haber sido la oportunidad para que el Gobierno central abordase una regularización de la población irregular. Era el momento ideal", ha señalado el portavoz de Foro Galego da Inmigración, Miguel Fernández, que considera que el hecho de tener el país confinado y cerrado desde marzo evitaría el denominado 'efecto llamada'.

   Esta opinión es compartida por Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica de A Coruña, para quien es "inexcusable" que se aborde una "revisión" de la Ley de Extranjería del año 2000 en aras de ensanchar los canales que permiten a los inmigrantes regularizar su situación, hoy en día limitada a demostrar el denominado 'arraigo' a través del certificado de empadronamiento durante tres años y un contrato de trabajo a tiempo completo por un período de un año.

   Requisitos que, como remarca Sánchez en conversación con Europa Press, provocan "sinsentidos" en una sociedad como la gallega, que hace frente a un grave problema demográfico y de envejecimiento de la población.

EMIGRACIÓN Y PANDEMIA

   Galicia, una de las comunidades del Estado con menor porcentaje de población inmigrante, no quedó exenta de la tendencia vivida a lo largo de 2019, en el que los flujos migratorios se incrementaron respecto a los años anteriores.

   No obstante, como ocurrió en muchos otros aspectos, la crisis del covid-19, de la que se cumple un año en el arranque de este mes de marzo, dejó en "stand by" la llegada de personas procedentes, mayoritariamente, de países de América latina como Venezuela, Colombia y Perú.

   Las entidades que trabajan de primera mano con estos colectivos, como Foro Galego da Inmigración, señalan los países de origen como el lugar donde hay que buscar "la razón" de estos flujos.

   "Es un error hablar del 'efecto llamada'. Las personas no vienen analizando las políticas migratorias de cada país", defiende Miguel Fernández, que pone como ejemplo el caso de Venezuela, del que proceden muchas personas que llegan a Galicia porque tienen "vínculos" con esta tierra, bien por razones familiares o porque conocen a gente que vive allí.

EXCLUSIÓN SOCIAL

   "Si ya son un colectivo vulnerable por la exclusión social derivada de la carencia de permiso de residencia, imagínate en un contexto de pandemia", resume Pablo Sánchez, que reconoce en marzo de 2020 se produjo "una avalancha de peticiones" de atención en la Cocina Económica de A Coruña, muchas de ellas de personas extranjeras.

   La dependencia de la economía sumergida a la que se ven abocadas las personas en situación irregular y su exclusión de la mayoría de servicios de protección social los llevan a una situación "límite", según denuncian Foro Galego da Inmigración, que también apunta al impacto de la crisis sanitaria en los sectores de los cuidados y de la hostelería.

   "Las personas en situación irregular es un colectivo que subsiste en la economía sumergida. Es un gran problema que la crisis del covid puso de relieve", señala Pablo Sánchez, que subraya que, en muchos casos, son gente "que no tiene un perfil de usuario clásico de los servicios sociales, porque su única problemática es, o bien no tener empleo, o no tener acceso al mercado laboral" por su estatus administrativo.

"EL RACISMO ES ESTRUCTURAL"

   A todo ello se suma, según resalta Miguel Fernández, un racismo todavía presente en la sociedad gallega del siglo XXI. "El racismo es un elemento estructural de la sociedad como la nuestra. El racismo existe porque hay personas que no alquilan el piso a una persona por ser de determinado color, o no las contratan o les pagan menos por el mismo motivo", asegura el portavoz de Foro.

   Por esto, sumado al ambiente de "crispación" política que se cuela en el debate sobre la inmigración, tanto Miguel Fernández como Pablo Sánchez se muestran pesimistas ante la posibilidad de que se acometan cambios legislativos que permitan una regularización de inmigrantes 16 años después del último gran proceso vivido en España, que tuvo lugar durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

   "No parece un buen momento para abordar este tema por razones evidentes, con la crispación política que existe. Pero la situación de la inmigración en Europa es inaplazable", señala Pablo Sánchez, que reconoce que esta problemática "requiere un ejercicio de madurez política e ideológica" por parte de las fuerzas políticas.

   "Todavía se escucha que a los de fuera es a los que más se ayuda; y eso es mentira", incide Miguel Fernández, que advierte que "discursos vomitivos como el que tiene Vox sobre la inmigración van calando" y existe el "peligro" de que esto derive "hacia comportamientos racistas cada vez más fuertes".