El Sergas derivó a clínicas privadas el 35% de las interrupciones voluntarias de embarazo entre 2019 y 2022

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Servizo Galego de Saúde derivó entre 2019 y 2022 al 35% de las mujeres que acudieron a la sanidad pública para someterse a intervenciones quirúrgicas para interrumpir de forma voluntaria sus embarazos.

   Así lo ha señalado el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montse Prado en la Comisión 5 del Parlamento gallego, celebrada este jueves.

   Allí, Aboal ha trasladado que entre 2019 y 2022 el Sergas gestionó 11.756 interrupciones voluntarias de embarazo, de las cuales, 7.644 se practicaron en centros públicos y 4.108 en clínicas con las que la Administración públicia tiene conciertos para la práctica de estas intervenciones. Además, otras 7.416 mujeres acudieron directamente a clínicas privadas para abortar.

   La pregunta hecha en la Comisión de Sanidad por la parlamentaria nacionalista estaba orientada a demandar explicaciones por la licitación este verano de un contrato por casi 1,4 millones de euros para los próximos tres años (prorrogable a cinco) para practicar en clínicas privadas abortos en embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.

   Para la portavoz de sanidad del Bloque en el Pazo do Hórreo, este contrato responde a razones "ideológicas" de un PP "cada vez más radicalizado" que permite que se practique la objeción de conciencia de forma "coordinada" y "mucha veces alentada" desde las jefaturas de servicio de los hospitales gallegos.

   Prado se ha preguntado si "es tan difícil" programar "un aborto a la semana" en los hospitales gallegos, como así lo revelan los datos de que se practica una media de 57 al año por cada centro, lo que ha llevado a sentenciar que la Xunta no quiere crear un registro de objetores de conciencia para favorecer que estas intervenciones se lleven a cabo en clínicas privadas

REGISTRO DE OBJETORES DE CONCIENCIA

   Durante sus intervenciones, Aboal y la diputada frentista se han enzarzado por la interpretación del artículo de la ley orgánica de 2010 que recoge el derecho al aborto en el que se establece la creación de registros de objetores de conciencia.

   En concreto el artículo 19 ter de esta normativa en vigor desde hace 13 años establece que cada comunidad autónoma contará con un registro de profesionales sanitarios acogidos a su derecho a no participar de forma directa en prácticas de aborto, al tiempo que, a continuación, señala que el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud deberá crear un protocolo específico que recoja las "condicioens mínimas" de este registro.

   Así, Aboal ha destacado esta segunda cuestión para responsabilizar al Gobierno central de la falta de "avances" en la configuración de criterios para crear estos registros, mientras que Prado ha incidido en que la Xunta obvia el primer punto de ese artículo que implica a las propias comunidades en la configuración de los mismos.