Soria responde al BNG que "nunca este Gobierno apoyará tarifas eléctricas diferenciadas para una parte de España"

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado este miércoles de manera rotunda que "nunca este Gobierno apoyará tarifas eléctricas diferenciadas para una parte de España", tal y como reclama el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para Galicia, alegando que se trata de una región excedentaria y netamente productora.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la nacionalista gallega Rosana Pérez ha interpelado al ministro en relación con el nuevo sistema de subasta de las ayudas públicas por la interrumpibilidad eléctrica.

Durante su intervención, la diputada ha abogado por plantear un cambio profundo del sistema atendiendo "inexcusablemente" a varios asuntos. A saber, la supresión de las retribuciones o peajes de la factura y su cargo en los Presupuestos del Estado, la aprobación de un modelo de retribución de costes según la tecnología de producción, y la creación de "tarifas más bajas" para las comunidades autónomas que, como Galicia, son netamente productoras.

TENER ALGUNA VENTAJA

"No es de recibo que se sigan negando a mantener este debate", ha exigido, apuntando que "sería una paradoja y un despropósito que alguna empresa cerrase o se viese afectada negativamente por los altos precios de la electricidad en un territorio que exporta energía sin conseguir beneficios a cambio", en referencia a la situación de Alcoa y la posibilidad de que cierre su planta de La Coruña.

A renglón seguido, ha insistido en que no se debe aplicar una tarifa única en todo el país porque regiones que, como Galicia, son "excedentarias y netamente productoras" deben tener "algún beneficio, alguna ventaja".

Por eso, ha insistido en reclamar una tarifa propia que, a su juicio, "no es descabellada", tal y como demuestra el hecho de que el Ejecutivo 'popular' haya aprobado primas más altas para las renovables en las islas o un precio propio para las empresas del País Vasco.

"ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD"

"Plante usted algo que, en mi opinión, atenta contra uno de los grandes principios en que se sustenta la convivencia en España desde 1978: el principio de solidaridad. Este Gobierno nunca apoyará tarifas eléctricas diferenciadas en una parte de España respecto de otra", ha replicado el titular de Industria.

De hecho, ha recordado que la UE tiende precisamente a lo contrario, a una mayor integración energética para conseguir precios "más competitivos, más bajos y, además, con menores diferencias de las que hoy se observan" entre unos países y otros.

Por eso, ha explicado, España ha defendido en las últimas reuniones de jefes de Estado y de Gobierno un aumento de las interconexiones con Francia, de modo que "el consumidor industrial y doméstico pueda suministrarse donde más barata sea en cada momento la energía".

"Por tanto, dentro de España no vamos a plantear (precios diferenciados), porque eso atentaría directamente contra uno de los principios esenciales de nuestra convivencia", ha insistido, poniendo como ejemplo de esa solidaridad los 1.800 millones de euros que cada año los consumidores de energía aportan para sufragar los extracostes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

LAS PRIMAS BENEFICIAN A TODOS

En este punto, ha reconocido que las primas a las renovables en Canarias son más altas que en el resto del país, pero ha negado que eso se deba a un interés por beneficiar al archipiélago, sino porque es "bueno para todo el sistema".

Y es que "el número de horas de sol y viento de Canarias hace que producir con esas energías sea más barato que producir con petróleo", que es el único recurso para la producción energética en las islas y que cuesta 1.500 millones de euros anuales. "Si se produce más con renovables se disminuye la factura energética, y eso es menor coste para todas las actividades reguladas del sistema", ha insistido.

Por último, ha rechazado la posibilidad de cargar los costes regulados a los Presupuestos porque eso supondría incrementar en 20.000 millones de euros el gasto anual, con lo que "nos cargaríamos todo el trabajo de los últimos tres años para bajar el déficit público", que es lo que está dando "confianza" internacional y está permitiendo "pasar de la recesión al crecimiento" y a la creación de empleo.