Un juez da la razón al trabajador por unos hechos ocurridos en marzo de 2019 y que le dejaron incapacitado
PONTEVEDRA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra ha condenado a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra a indemnizar a un trabajador por un total de 159.282,41 euros, por daños y perjuicios derivados de un accidente laboral ocurrido en el propio edificio en 2019.
Además, el juez, con una sentencia dictada con fecha de 2 de mayo de 2024, ha ordenado un incremento del 30 por ciento en la pensión de invalidez del perjudicado. A todas estas cuantías se le suman los 94.000 euros que ya se le pagó por el seguro de convenio, después de que un fallo judicial previo modificase la contingencia de enfermedad común a accidente laboral.
Los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2019, cuando este empleado --técnico en telecomunicaciones de 53 años-- sufrió una caída al tropezar con unas cajas de cartón que estaban apiladas en un lugar inadecuado y golpeó la parte lateral del tórax contra una barandilla. Las lesiones lo dejaron incapacitado.
Tras el accidente, inicialmente la mutua no extendió la baja médica tras una primera exploración, pero un TAC de tórax realizada el 20 de marzo, a los 15 días, desveló que padecía una fractura del segundo arco costal izquierdo, un derrame pleural y opacidad basal bilateral.
Así, fue dado de baja con el diagnóstico de traumatismo torácico y posteriormente diagnosticado de insuficiencia valvular mitral masiva, lo que requirió una intervención quirúrgica urgente el 12 de junio en el Hospital Fátima de Vigo que él mismo pagó.
En primer lugar, acudió a la justicia para que la contingencia reconocida pasase de enfermedad común a accidente laboral, algo confirmado por el propio Juzgado de lo Social. Así, pudo cobrar 94.000 euros por el seguro de convenio.
Posteriormente, el trabajador, representado en este caso por el abogado Cipriano Castreje Martínez, demandó por daños y perjuicios contra la Subdelegación del Gobierno y consiguió esa indemnización de casi 160.000 euros.
Su abogado pone el foco en la "falta de diligencia" de las mutuas de accidentes de trabajo y la importancia "de no rendirse nunca por parte del trabajador". Asimismo, acusa de "nula empatía" a los altos cargos de la Subdelegación, porque "durante todo el tiempo estuvieron boicoteando los derechos" del perjudicado, "salvo algunas y meritorias excepciones".
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