El tope de renta para acceder a una vivienda pública en Galicia subirá a 31.500 euros anuales en 2025

   Rueda anuncia que se elevará el límite unos 5.000 euros en una sesión de control en la que Besteiro propuso crear un banco público de alquileres

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo autonómico prevé elevar los umbrales de renta para poder acceder a la compra y alquiler de una vivienda de promoción pública en Galicia. La medida entrará en vigor el año que viene.

   Aunque el máximo mandatario gallego no dio datos concretos, fuentes del Ejecutivo autonómico han concretado posteriormente que el límite se incrementará más de 5.000 euros, hasta situarse en 31.500 euros anuales.

   Actualmente, el techo de renta para una unidad familiar se sitúa en 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), esto es, 26.250 euros anuales (para una pareja con un hijo, ya que el dato se pondera en función del número de miembros). En 2025, ese tope será de tres veces el Iprem, con lo que llegará a 31.500 euros. Entrará en vigor en enero, tras ser aprobado por el Ejecutivo en las próximas semanas.

    "No es normal que una pareja en zona urbana, si entre los dos ganan 24.000 euros, queden fuera de las posibilidades de acceso a una vivienda pública", ha aseverado este miércoles, a modo de argumento, Alfonso Rueda en la Cámara autonómica, donde fue interpelado sobre políticas de vivienda por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control.

    "Y haremos que las viviendas protegidas sean protegidas siempre porque ustedes en cuatro años desprotegieron 10.000", ha apostillado el jefe del Ejecutivo, quien ha aludido a otras medidas de la Xunta ya avanzadas para dar "más posibilidades a los jóvenes" para acceder a una vivienda.

   Por ejemplo, además de triplicar el presupuesto para vivienda pública y suelo residencial hasta los 120 millones, la Xunta prevé reservar para los jóvenes el 25% de la vivienda pública en venta y el 40% de la destinada a alquiler. Y el objetivo de legislatura, ha recordado Rueda, es duplicar el número de viviendas públicas promovidas por la Xunta hasta llegar a las 8.000, subrayando que más de 1.000 "ya están en marcha" en los primeros meses del mandato.

BANCO PÚBLICO DE ALQUILERES

   Por su parte, Besteiro, además de instarle a cumplir la ley estatal de vivienda, en especial en lo que respecta a la declaración de zonas tensionadas, ha propuesto la creación de un banco público de alquileres a precios accesibles. La situación, ha argumentado, lo exige, ante la "emergencia habitacional que afecta a miles de gallegos y gallegas".

   Besteiro le ha reiterado que su petición es que sea "ambicioso" y que tire de lo "público" en un contexto en el que es necesario, toda vez que la construcción de vivienda no permite solventar la problemática actual de manera inmediata.

   Sin embargo, el dirigente socialista ha recalcado que la propuesta del banco público de alquileres permitiría "movilizar" hasta 5.000 viviendas desocupadas en las principales ciudades, con el apoyo de una inversión de 20 millones de euros anuales y un objetivo claro: que el coste del alquiler "no supere el 30% del salario de los inquilinos".

"MIEDO A ALQUILAR"

    Enfrente, Rueda ha replicado que la Xunta aplicará la ley y, "si se cumplen los requisitos", no habrá problema con la declaración de las zonas tensionadas. Pero ha remarcado que los ayuntamientos, "incluidos los socialistas, no están cumplimentando los trámites".

   "Por algo será", ha recalcado, antes de reiterar su rechazo a la ley estatal de vivienda, convencido de que lo que genera a la gente es "miedo a alquilar" esos pisos que, ha incidido, Besteiro subrayaba previamente que estaban desocupados.

    Rueda ha concluido que, bajo su punto de vista, "demonizar a los propietarios" no causa efectos favorables en el mercado de la compra y alquiler, sino favorecer su "confianza". De hecho, ha insistido en que, a su modo de ver, hay viviendas vacías porque sus dueños "están esperando por un Gobierno" que genere esa "confianza" y ha concluido que es necesario "cambiar" la normativa estatal de vivienda.