El Gobierno gallego explica que el objetivo es "agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de 26 ayuntamientos se han unido al acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp), que permitirá a la Administración autonómica tramitar las sanciones relacionadas con la covid-19 que son de competencia municipal.
De ello ha informado la Vicepresidencia primera de la Xunta en un comunicado, en el que explica que los ayuntamientos participantes se comprometen a "iniciar, instruir y resolver" los procedimientos sancionadores, así como a "remitir" a la Administración autonómica "información necesaria" para que esta pueda ejecutar la petición de gestión.
El objetivo de este convenio, tal y como ha señalado la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, es "agilizar los procedimientos y paliar la carga administrativa de muchos municipios".
COLABORACIÓN "NECESARIA" DE LA XUNTA
Para ello, la Xunta prestará a los ayuntamientos adheridos asistencia técnica y material para la tramitación de los procedimientos sancionadores, siempre que la infracción sea en un ámbito que alcance la competencia de los municipios.
Algunos de estos procedimientos de competencia municipal son el incumplimiento de horarios, de aforos máximos y los controles de aglomeraciones de personas, entre otros. La tramitación de estos casos por parte de la Xunta se une a las sanciones sobre cuestiones "puramente sanitarias", como las cuarentenas o aislamientos, que son competencia del Gobierno gallego.
La Xunta dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites como apoyo técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se ocuparán de la formalización de los actos de carácter jurídico.
"Lo importante es que se cumpla el régimen sancionador", ha subrayado la Xunta en el comunicado, que ha justificado así su colaboración "necesaria" con aquellos municipios que carezcan de medios para tramitar los expedientes sancionadores.