Trabajadores de centros de menores exigen a la Xunta que asuma la gestión de estos servicios como públicos

   "A nadie se le ocurriría proponer la privatización de las cárceles", señalan

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Trabajadores de centros de menores convocados por la CIG se han concentrado este lunes ante la sede de la Xunta en Santiago de Compostela para exigir al Gobierno gallego que asuma en su totalidad la gestión de estos servicios como públicos para todos los efectos, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo del personal actual.

   Se trata de centros de reforma cerrados, pensados para menores que no pueden cumplir penas de privación de libertad por tema edad; abiertos, que tienen una función de intervención educativa; puntos de encuentros familiares, centros de protección de menores en situación de desamparo que están bajo la tutela de la Xunta, y viviendas tuteladas para cuando alcanzan la mayoría de edad, entre otras.

   Delegados y delegadas de la CIG-Ensino, han presentado este lunes en San Caetano más de 500 firmas recogidas entre el personal que trabaja en estos centros de reforma juvenil y de protección de menores, unos 60 en Galicia, para reclamar al Ejecutivo gallego que asuma la gestión y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

   Mientras que esto no se lleve a cabo, los trabajadores reclaman el incremento de las partidas presupuestarias para el sector y que los centros reciban las subvenciones necesarias para prestar el servicio con un mínimo de calidad, mejorar la situación de los usuarios y usuarias, y las condiciones de trabajo del personal: derechos salariales, laborales y sociales. Asimismo, piden que la Administración gallega ponga en marcha los mecanismos necesarios para hacer seguimiento de las subvenciones recibidas por este tipo de centros.

   El personal convocado por la CIG ha denunciado las "condiciones precarias" que sufren los trabajadores de los centros gallegos afectados por el IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores y que la administración total como referencia de cara a los pliegos de licitación de estos servicios. Por ello, señalan que se dan "situaciones de pérdida de poder adquisitivo de dos dígitos e incluso de congelaciones salariales y derechos de hasta casi 10 años).

   Esta precariedad, conforme señalan en el escrito presentado en la Xunta, conduce a un deterioro de la calidad de un servicio que debería buscar la mejora de sus recursos materiales y humanos, en vez de centrarse en criterios economicistas y mercantilistas. Así, exigen modificar y actualizar el derecho 329/2005, para ajustar las ratios a las necesidades reales de los servicios.

   Los trabajadores, que recuerdan que dado que las competencias sobre las subvenciones con las que se financian estos centros están transferidas a la Xunta, demandan de la Consellería de Política Social su implicación y colaboración para el inicio de unas negociaciones en las que participan las patronales del sector (mayoritariamente asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro) y las organizaciones sindicales, en función de su representatividad, que permitan conseguir un convenio gallego digno para el sector, que mejore sustancialmente las condiciones laborales, sociales y salariales recogidas en el convenio estatal y por consiguiente la financiación de estos centros.

   Además, advierten de que están dispuestos a iniciar un proceso de movilizaciones para exigir el cumplimiento de estas demandas.

   Entre las personas que han participado en la concentración están el presidente del comité de empresa del Centro de Reeducación Monteledo, Germán Estévez, y la trabajadora del Centro de Internamiento Medio Aberto (CIEMA) de A Coruña, Vanesa Cernadas.

"A NADIE SE LE OCURRIRÍA PROPONER PRIVATIZAR CÁRCELES"

   "A nadie se le ocurriría proponer la privatización de las cárceles y, sin embargo, aquellos menores que tienen condenas judiciales pero que no pueden estar en prisión y que tienen una condición muy vulnerable si están en instituciones privadas, por mucho que se trate de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro", ha apuntado.

   En los últimos años, además, el responsable del sector de educación privada de CIG-Ensino, Henrique García, han indicado que la prestación de este servicio recae en empresas multiservicios que ven en este sector "un negocio".

   Según las estimaciones del sindicato, "en Galicia hay alrededor de 3.000 menores atendidos en estos 60 centros", en los que trabajan unas 800 personas.