La Xunta busca parar la huelga de justicia con una nueva reunión el lunes

   Malestar con Feijóo entre los representantes de los trabajadores por sus críticas a la actitud sindical

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno gallego ha convocado al comité de huelga de los trabajadores del sector judicial de la comunidad para intentar desbloquear un conflicto enquistado que ha derivado en una huelga indefinida que arrancó el pasado miércoles 7 de febrero. Desde entonces, ha provocado la suspensión de más de 2.000 juicios, así como de millares de trámites jurídicos y ha paralizado los registros civiles.

   La convocatoria, para las 11,30 horas del lunes en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), es nominativa y cita a los siete miembros del comité de huelga en el que están representados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, CIG y CC.OO.

   Aunque los sindicatos acaban de recibir la convocatoria y dialogan entre ellos al respecto, distintas fuentes del comité de huelga consultadas por Europa Press coinciden en que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, debería "implicarse de inmediato" y acudir al encuentro del próximo lunes para poder "avanzar".

   Hasta ahora, en las negociaciones, los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y Función Pública, José María Barreiro, han encabezado la delegación de la Xunta.

   Los sindicatos también están muy molestos con las declaraciones que realizó la pasada jornada el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien puso en duda que representasen "el sentir general" de los trabajadores y afeó que tilden de "ridícula" una propuesta de subida "de 1.000 euros de media" al año cuando hay gallegos que no perciben esta cantidad al mes, cuestión que el jefe del Ejecutivo ve "un desprecio".

   Distintos sindicatos consideran que Feijóo intenta "poner a la sociedad en su contra" e inciden en que "el problema" de que haya gallegos 'mileuristas' es responsabilidad directa del Ejecutivo y de sus políticas, por lo que el trabajo del mandatario autonómico y del resto de miembros de su Gobierno debería centrarse en intentar paliar esta situación y no en "atacar" a los representantes de los trabajadores.

   Para el encuentro del lunes las posturas llegan "muy distanciadas", ya que la Xunta ha advertido que no está dispuesta a variar su oferta económica, que los sindicatos no aceptan, y ha asegurado que la contrapropuesta del comité de huelga, pese a rebajar las pretensiones iniciales, continúa siendo "inasumible".

OFERTA DE LA XUNTA Y CONTRAPROPUESTA

   En concreto, la nueva oferta económica que el Gobierno gallego trasladó a los sindicatos mejora la última planteada por la Administración "en una media de un 20 por ciento" (con leves variaciones según el aumento se refiera al cuerpo de gestores, de tramitadores o de auxilios del sector judicial).

   Es decir, si en la última propuesta el Gobierno gallego planteaba un incremento del complemento autonómico transitorio de entre 660 y 900 euros al año --en función del cuerpo--, el pasado lunes puso sobre la mesa una subida de entre 816 y 1.080 euros al año. La aplicación sería el 50 por ciento en 2019 y la otra mitad, en 2020, en vez de en tres anualidades.

   El comité de huelga, por su parte, plantea ahora una subida lineal para todos los cuerpos de 225 euros al mes, a la que se llegaría en 2020 porque se aplicaría en tres anualidades.

   Así, los sindicatos piden un aumento en el complemento autonómico de 100 euros en 2018, a los que habría que sumar 75 euros en 2019 y otros 50 euros en 2020. El Ejecutivo autonómico mantiene que esta subida de "2.700 euros al año" que demanda el comité es "inasumible", y también rechaza la cláusula de revisión automática a partir de 2021 que incluye la contraoferta sindical.

OTRAS PETICIONES

   Además, el comité de huelga, en una nota difundida en blogs del sector judicial y para informar a los trabajadores, hizo esta semana un análisis de la situación de las reivindicaciones que han conducido a la primera huelga indefinida en la justicia gallega, con la vista puesta en el próximo encuentro.

   Así, al margen de la subida retributiva, han apuntado, en lo que respecta a los refuerzos, que la Xunta, "por exigencia del comité", se comprometió a llevar a la próxima reunión "una relación completa y actualizada de los refuerzos que tienen más de tres años" y una propuesta "concreta" de "dónde se crearán las plazas que se consolidan, qué servicios y en qué localidades".

   El compromiso, subraya el comité, se extendió a que estas plazas se creen y salgan en este concurso de 2018.

   Para poder cerrar el punto relativo a las amortizaciones, los sindicatos exigen: la "paralización" de la amortización de las plazas que tenían pendientes y están ocupadas; sobre las plazas que aparecen en la relación de amortización y que quedaron vacantes y no salieron los concursos porque "las querían amortizar", se deben "desbloquear y sacar a concurso en 2018"; y en cuanto a las plazas ya amortizadas, un compromiso de crearlas en el mismo número para el concurso de 2019.

SUSTITUCIONES E IT

   En cuanto a las sustituciones, el comité de huelga pidió que, una vez que se redacte la nueva normativa, las sustituciones se cobren con efectos retroactivos del 1 de enero de 2018. Sostiene que los negociadores de la Xunta pidieron unos días para valorar esa posibilidad y tener la conformidad de Facenda.

   En la "discriminación" por los descuentos en las bajas a causa de incapacidades temporales (ITs), igual que trasladaron en la rueda de prensa de este lunes, los sindicatos constatan que no hay "ningún avance".

   Apuntan que la Xunta "sigue insistiendo en que está pendiente que el Ministerio de Hacienda elimine la penalización por las bajas temporales" y, en el caso de que no sea así, se compromete a crear una mesa de trabajo.

   Para las organizaciones sindicales, cualquier acuerdo está "supeditado" a que la regulación sobre ITs sea "idéntica" a magistrados, fiscales, letrados judiciales, y otros compañeros de comunidades como Aragón, Navarra o del 'Territorio Ministerio' --que agrupa las comunidades que no tienen descentralizadas las competencias--.