SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno gallego ha defendido, ante las peticiones de los sindicatos de justicia de que la Administración cambie de negociador --rechazan con especial intensidad la presencia del director xeral de Función Pública, José María Barreiro-- para volver a sentarse e intentar frenar la huelga indefinida que se inició el 7 de febrero, que cada parte tiene derecho a elegir sus interlocutores.
Lo ha manifestado el propio Barreiro, en declaraciones conjuntas con su homólogo de Xustiza, Juan José Martín. Y es que, preguntado acerca de la exigencia de los sindicatos sobre el cambio de interlocutores, aunque no se ha cerrado en banda y ha indicado que se irá "viendo en los próximos días", ha remarcado que cada parte tiene derecho a elegir a sus interlocutores.
"Igual que ellos, que tienen siete (miembros del comité de huelga), aunque luego están 14 o 16 personas en las reuniones, algunos distintos cada día, entrando y saliendo", ha incidido, antes de remarcar que "por tercera vez" son los sindicatos "los que se levantaron".
Todo ello, después de protagonizar "un simulacro de negociación", con la petición de documentos y de que se aumente una oferta retributiva --la Xunta ofrece como tope un incremento del complemento autonómico de entre 816 y 1.080 euros al año, según el cuerpo (auxilios, tramitadores y gestores)--. Una oferta, ha remarcado, que es inamovible.
Así, ha lamentado que no haya sido "posible" un acuerdo y ha lamentado la "grave irresponsabilidad" de los sindicatos al insistir en el cambio de interlocutores. Y es que, a juicio de la Xunta, eso evidencia que no tienen interés real en negociar y alcanzar "un acuerdo" que ponga fin a la huelga que mantiene paralizados los juzgados gallegos.
Retomar la mediación --con el regreso del Consello Galego de Relacións Laborais-- también está descartado por parte de la Xunta, que sostiene que es "ilegal" en una negociación del sector público. También advierten de que no se puede aplicar una subida en 2018 porque iría en contra de una legislación básica como son los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
¿NUEVA REUNIÓN?
Acerca de si la Xunta volverá a convocar, los representantes de la Administración han esgrimido que "es la tercera vez que se levantan las organizaciones". "Intentaremos que haya una negociación, pero lo que no puede ser es llamar para que no haya ningún tipo de avance", remarcan.
Martín ha defendido la oferta económica de la Xunta, condicionada "por la legalidad y la materialidad" de los presupuestos y ha lamentado que el comité de huelga "siga enrocada" en una subida retributiva lineal de 225 euros al mes en tres años que es "inasumible" para la Administración.