La Xunta presenta recurso contra el auto del TSXG que da un mes para acatar los fallos sobre el decreto del idioma

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia presenta recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que el órgano judicial da un mes a la administración gallega para aplicar las sentencias sobre el decreto del plurilingüismo que anulan parte de dos artículos de la norma, dado que no le consta su ejecución.

En concreto, el Gobierno gallego argumenta la presentación de recurso "para aclarar y demostrar la puntual aplicación de la norma", basando su reclamación "en la falta de audiencia a la Xunta de Galicia ante los recurrentes".

Educación recuerda que dictó una instrucción a los centros en la que "se respeta escrupulosamente las decisiones de la justicia", por la que se fundamenta la determinación de la lengua predominante del alumnado en función de una pregunta no vinculante a los padres, la realidad sociolingüística del entorno y la garantía de presencia de las dos lenguas cooficiales como vehiculares.

"La Consellería entiende que dicha apreciación de que no les consta el supuesto cumplimiento puede estar basada en el hecho probable de que el TSXG no tenga en cuenta que días atrás se emitió la instrucción correspondiente, precisamente en estricta y escrupulosa aplicación de los fallos dictados en su día por el citado tribunal".

El departamento dirigido por Jesús Vázquez defiende que las alegaciones contra el auto están fundadas en que no le fue otorgada a la Xunta audiencia sobre el escrito de la contraparte.

Asimismo, considera "incorrecto" el auto, porque si una sentencia anula unos artículos de un decreto no hay ejecución en sí, ni, por tanto, denuncia de inejecución, porque el fallo firme ya los expulsa del ordenamiento jurídico". "Y la Administración lo aceptó y lo asumió", ha señalado.

Por otro lado, aclara que el mero envío a los centros del cuestionario para las familias de educación infantil con la pregunta sobre la lengua "no es contrario a la sentencia" al no tratarse de una consulta "vinculante", sino de un factor más, y ha recordado que existe un "mandato legal" de conocer la lengua materna de los escolares en esa etapa educativa.

Finalmente, Educación ha arremetido contra la CIG-Ensino y A Mesa pola Normalización Lingüística por "confundir a las familias y al alumnado sobre el auténtico cumplimiento de la sentencia".