PALMA DE MALLORCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
La función pública de la Administración balear, incluido el personal docente, el estatutario del servicio de salud, reducirá la temporalidad de sus puestos de trabajo del actual 33% hasta el 8% entre ahora y el 2019 con la aprobación de los Presupuestos generales del Estado de 2017 que permitirá que unas 7.000 plazas de interinos de la Comunidad y otras 600 de ayuntamientos se convertirán en plazas fijas.
Según ha explicado desde el Govern, este acuerdo para la mejora de la ocupación pública se ha refrendado en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y permitirá, también, la cobertura de puestos de trabajo públicos esenciales por el equivalente a las bajas que se puedan producir, en mayor medida que hasta la fecha.
En este sentido, la consellera de Hacienda y Administaciones Públicas, Catalina Cladera, tanto el proceso de regularización de los interinos de la Administración de la comunidad, como de los funcionarios de las entidades locales han sido demandas exigidas "con insistencia".
Así, ha señalado que sus dos últimas reuniones con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, permitieron dar a conocer las "reivindicaciones" de Baleares de cara a la regularización de una ocupación pública "muy afectada por la temporalidad de la contratación".
"Se ha demostrado la efectividad de la presión que hemos hecho las comunidades y los sindicatos, por que el Gobierno del Estado haya variado su postura", ha aseverado Cladera.
Cabe destacar que la validez del acuerdo de este jueves queda supeditada a la aprobación de la Ley de los Presupuestos que incluye las medidas del acuerdo para la mejora de la ocupación pública que hoy ha refrendado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
Según ha dicho Cladera, "el ministro Montoro hubiera podido evitar claramente" esta medida, "con la aprobación de un decreto-ley desvinculado del PGE 2017, pero está claro que el ministro ha preferido más tener a los interinos como rehenes para forzar a la aprobación del Presupuesto". "Una jugada política", ha añadido.