La abogada de la Comunidad dice que "nadie cuestionaba" las órdenes de Matas y que no puede alegar que le "engañaran"

La Abogacía reclama que se restituya a las arcas públicas un 10 por ciento de lo que cobraron los arquitectos contratados a dedo

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la Comunidad Autónoma de Baleares, Maria Ángeles Berrocal, ha asegurado este miércoles durante el juicio por la contratación de los arquitectos del Palma Arena que "nadie cuestionaba" las órdenes del ex presidente Jaume Matas y que por lo tanto éste no puede alegar que le "engañaran" sus técnicos.

Así lo ha expresado durante la exposición de las conclusiones en la última sesión del juicio, en la que la Abogacía de la Comunidad ejerce la acusación particular.

La letrada ha suscrito las conclusiones de la fiscal Laura Pellón y ha recalcado que Matas "está en el banquillo" porque "se puso a hacer de órgano de contratación".

Para la Abogacía de Baleares, "no puede ser" que Matas diera la orden pero pretenda que asuman las consecuencias quienes la cumplían. "Nadie cuestionaba sus órdenes", ha insistido.

Según ha expuesto Berrocal, Matas reconoció que recibió en Palma al arquitecto alemán Ralph Schürmann y que éste salió del Consolat de Mar con la convicción de haber sido contratado. Además, la letrada también cree que Matas cometió prevaricación al ordenar que se contratara a los García-Ruiz.

Por otra parte, la abogada ha recalcado que el dinero público "es de todos" y que por cómo se realizó la contratación no se ha podido controlar que el precio final fuera el precio de mercado.

Con todo, para la acusación particular está claro que la cuestión "no es si los García-Ruiz cobraron cuatro veces más el precio de mercado" sino que radica en que la "conducta delictiva" de Matas y el ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, ha derivado en un perjuicio para la administración.

Es decir, para Berrocal, el perjuicio es "evidente", pero la cuantificación es difícil: "El perjuicio es que se ha contratado a dedo a los arquitectos y han obtenido gracias a eso beneficios que no son imputables a quienes lo reciben", ha apuntado.

Por ello, la Abogacía reclama que se restituya a las arcas públicas como mínimo el 10 por ciento de lo que cobraron los dos arquitectos contratados a dedo.