El abogado del oficial de la Patrulla Verde asegura que se han vulnerado derechos y que el delito ha prescrito

Uno de los letrados pide la expulsión de las acusaciones particulares

PALMA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado Adrián Buades, defensor del oficial de la unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local Feliciano Franco, ha considerado este lunes durante el juicio del caso Cursach que se vulneraron los derechos de su representado de forma "fragante" y que el delito imputado ha prescrito.

Cabe recordar que la Fiscalía pide dos años de prisión para Franco por un delito de coacciones, mientras que una de las acusaciones particulares pide hasta seis años y medio de prisión.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha continuado este lunes con el juicio del caso Cursach, en el que los abogados de la defensa seguirán planteando sus cuestiones previas.

En su turno, Buades ha considerado que "se ha producido una indefensión" hacia su representado. Además, ha pedido que se retire una de las pruebas de la causa, un vídeo de una conversación grabada en el Templo del Faraón, al creer que se trata de una prueba ilícita.

En este sentido, ha recordado que toda persona debe ser informada por escrito de los hechos que motivaron su detención, pero el acusado no tuvo conocimiento de los mismos hasta el primer escrito de acusación. "Ni en el día de su detención, ni de su declaración, se le informó por escrito", ha señalado.

Por otro lado, ha asegurado que las actuaciones de su representado estaban ajustadas a derecho y obedecían a denuncias ciudadanas que se ocultaron en la causa, así como a actas de reuniones interdepartamentales, "también ocultadas".

En este punto, ha sostenido que el vídeo grabado en el Templo del Faraón supone una prueba "ilícita", porque en él no se menciona a Franco en la conversación y las grabaciones se hicieron sin saberlo, "sin conocimiento ni consentimiento", ha sostenido.

Por tanto, ha manifestado que la situación de su defendido es "absolutamente injusta, porque estuvo preso sin saber por qué y luego tuvo que comparecer cada semana en el juzgado". Además, se produjo "ocultación de todas las pruebas y nefastas consecuencias para la libertad" de Franco.

Por su parte, el fiscal Juan Carrau ha considerado que el acusado sí conocía los hechos imputados, haciendo referencia a una declaración "en la que consta que fue informado".

Asimismo, en relación a la prescripción del delito, ha recordado que, cuando hay delitos conectados a otros más graves en una causa, el plazo de prescripción debe ser el de los más graves.

Por último, en cuanto a la nulidad del vídeo, ha sostenido que se trata de una grabación hecha por las cámaras instaladas en el local en las que aparecen una serie de exigencias o hechos que pueden ser delictivos, según ha considerado.

EXPULSIÓN DE LAS ACUSACIONES PARTICULARES

Durante su intervención, el abogado Gaspar Oliver, que representa a otros dos agentes de la Policía Local de Palma, ha pedido la expulsión de las acusaciones particulares por ser "instrumentales".

Así, ha considerado que "se están utilizando las acusaciones para defender intereses propios", y que "representan sus intereses" y los del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.  

17 ACUSADOS SIGUEN EN EL BANQUILLO

Un total de 17 acusados están sentados en el banquillo después de que el primer día, el Tribunal absolviera a seis de los 24 inicialmente encausados --uno de ellos, el agente Miguel Estarellas, ha fallecido--.

De este modo, después de que tanto Fiscalía como acusación particular retiraran sus cargos y la defensa pidiese su absolución, el ex director de la discoteca Tito's Jaime Lladó, el trabajador de Tito's Arturo Segade, el ex policía Antoni Bergas, la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario de la Conselleria de Turismo Bernardí Seguí y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Julián Garau pudieron abandonar la Sala.

En los primeros cuatro días de juicio, los abogados de la defensa que han intervenido en la Sala han basado sus peticiones principalmente en la absolución de sus representados, la nulidad de la instrucción judicial y la suspensión de la apertura de juicio oral. Incluso algunos han señalado el miedo o el terror soportado por algunos de los justiciables en los primeros años de la investigación.

Con un escrito del Ministerio Fiscal en el que se rebaja las peticiones de penas para algunos de los acusados como, por ejemplo, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su 'mano derecha', Bartolomé Sbert, quienes se enfrentan a una pena de prisión de un año y medio de cárcel y tres años y medio, respectivamente, el primero en exponer sus peticiones fue el abogado de Cursach, Enrique Molina, quien solicitó el martes, durante la segunda jornada del juicio, la absolución de su representado por las irregularidades en la instrucción.

En su exposición, el letrado abundó en cuatro cuestiones del caso. De este modo, señaló "las anomalías" en la fase de instrucción del caso llevada a cabo por el juez Manuel Penalva y, posteriormente, el magistrado Miguel Florit. Cabe recordar que ambos serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por diversos delitos como coacciones, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales.