Las otras defensas piden también una sentencia absolutoria para sus representados
PALMA, 30 (EUROPA PRESS)
El abogado Jaime Campaner, defensa del exjefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, este último acusado junto a otras tres personas por una presunta trama de corrupción para extorsionar a locales de la competencia del municipio, ha pedido la absolución del mismo al entender que "no hay ninguna manera de sostener la acusación".
Así se ha expresado este lunes el letrado durante la celebración de la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia y que ha sentado en el banquillo, además de a Navarro, al que fuera jefe de policía de Marratxí y que había trabajado en Calvià, Antonio Ledesma, y dos empresarios del ocio nocturno de Magaluf por la presunta trama de corrupción empresarial y policial.
En su turno de intervención, la defensa ha considerado que "no hay ninguna manera de sostener la acusación" y que "los hechos no encajan en el tipo penal". "Es un hecho incompatible. Navarro lo hizo mal, pero de ahí a concluir, con ligereza jurídica, que tiene que ser un delito, hay un trecho", ha insistido el abogado de Navarro, reiterando la absolución del mando policial.
En esta línea, ha hecho referencia a algunas "asimetrías" del Ministerio Fiscal, aludiendo a una "falta de coincidencia temporal" entre las conclusiones elevadas a definitivas "sin cambiar una coma".
Por otro lado, ha opinado que Fiscalía "mantiene una prevaricación absolutamente imposible de construir" y ha tildado de "intolerable" que se mantenga su acusación "cuando no hay prueba de favorecimiento mediante actos injustos, y que mire hacia otro lado cuando se practica prueba de descargo".
Del mismo modo, el letrado ha reiterado que Navarro "no ejercía influencia y no podía influir" y que "no hubo favorecimiento a ninguna empresa y no se produjo perjuicio a la competencia".
En cuanto al delito de cohecho del que se acusa a los procesados, la defensa ha señalado que el Ministerio Fiscal hace referencia a entregas de sobres con dinero en efectivo, pero no formuló preguntas en este sentido a determinados testigos. Igualmente, ha interpretado que Fiscalía ha dejado de introducir pruebas y ha "reversionado la historia".
"Deja las cosas en el aire, toca el balón en medio del campo y no dispara a puerta", ha dicho sobre la acusación pública.
ARGUMENTOS DE OTRAS DEFENSAS
Otra de las defensas ha visto "insalvable" que pueda prosperar la condena hacia Navarro, porque "se imputan dos delitos especiales propios a un señor que no era funcionario público ni autoridad" en el momento que el Ministerio Fiscal cita que ocurrieron los hechos.
En este punto, ha incidido en que un escrito de acusación "debe ser expreso, completo y específico", y ha cuestionado que el de este procedimiento lo sea.
Del mismo modo, ha interpretado que la acusación hacia Ledesma es también cuestionable porque las fechas que se citan en el escrito de acusación no coinciden cuando ejercía presuntamente el cargo policial en Calvià. "La hipótesis acusatoria del Ministerio Fiscal es falsa, se están equivocando", ha dicho el abogado, pidiendo la absolución de Ledesma.
De su lado, la defensa de uno de los empresarios acusados se ha adherido a los argumentos de sus compañeros en lo que se refiere al tipo penal del delito de cohecho e, igualmente, ha solicitado la absolución de su representado.
Además, ha argumentado que muchas de las facturas que se aportan como prueba "nada tienen que ver" con la sociedad que gestionaba su representado o con locales ubicados en Calvià.
Y sobre los presuntos 6.000 euros que, según Fiscalía, Ledesma y Navarro recibían bimensualmente como contraprestación a los tratos de favor de las empresas participadas y dirigidas por los empresarios acusados, el abogado ha remarcado que es "una afirmación de absoluta ciencia ficción" y que se sustenta en una sola declaración.
"Es imposible que podamos hablar de un trato de favor; es inexistente", ha justificado, tanto en referencia a los presuntos preavisos de inspección como a las multas no cobradas, porque era "el segundo grupo más sancionado de la zona".
El último en intervenir ha sido el abogado del segundo empresario acusado, para quien también ha pedido una sentencia absolutoria y, para ello, se ha referido a las "pruebas que no son pruebas" que aporta Fiscalía, porque "son de una endeblez máxima".
Del mismo modo, se ha sumado al argumento de los otros letrados de "falta de precisión y contextualización" del escrito de acusación y su "confusión" de fechas.
Antes de finalizar el juicio, que ha quedado visto para sentencia, todos los acusados han rechazado su derecho a la última palabra menos Ledesma, quien ha hecho suyas unas palabras del fiscal Tomás Herranz --que acusa en este acto-- durante el juicio del caso Cursach, por las que expresó que "decir las cosas no las convierte en verdad, hay que acreditarlas".
LOS HECHOS
Cabe recordar que Fiscalía acusa a los mandos policiales de haber obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas de los otros dos acusados, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas. Además, Navarro y Ledesma habrían recibido, según el fiscal, 6.000 euros cada dos meses como contraprestación a los tratos de favor de las empresas participadas y dirigidas por los empresarios acusados.
Así, la acusación pública sostiene que los mandos policiales intercedían en todo lo relativo a expedientes administrativos y sanciones tramitados en el Ayuntamiento de Calvià. Además, las denuncias contra los locales de los encausados se archivaban o se quitaban las multas, y las empresas mencionadas recibían preavisos de las inspecciones.
En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial a lo largo de las últimas dos semanas, Navarro negó haber dado instrucciones para favorecer o perjudicar a determinados grupos o empresarios del ocio del municipio, aunque sí admitió colaboraciones puntuales con Ledesma, compatibilizando su labor policial, en materia de asesoría laboral.
Ledesma, por su parte, argumentó que dejó Calvià en 2008, por lo que no tenía capacidad para actuar sobre los negocios de Magaluf. Los empresarios, por su parte, negaron haber sobornado a los policías para salir beneficiados en las campañas de inspecciones y sanciones.
Por la sala de la Audiencia, además, pararon empresarios que aseguraron, declarando como testigos, que la detención de Navarro supuso un antes y un después en la igualdad de trato entre los grupos empresariales. Uno de ellos, incluso, llegó a asegurar que recibió presiones para declarar en contra de los acusados por parte del fiscal Miguel Ángel Subirán. Un agente dijo que el consistorio 'calvianer' prestaba a las empresas de ocio nocturno un trato "no homogéneo".
En otra sesión, funcionarias del Ayuntamiento de Calvià hicieron hincapié en la imposibilidad de que los policías locales intervinieran en la tramitación de las denuncias una vez entraban en el departamento de infracciones. Otra testigo, que trabajaba para los empresarios acusados, refirió el pago puntual a los mandos policiales.
Los fiscales Fernando Bermejo y Tomás Herranz mantienen las acusaciones de cohecho pasivo contra los mandos policiales y los empresarios, que se enfrentan cada uno seis años de prisión. Para Navarro, además, se reclaman 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.