El alcalde de Sant Josep (Ibiza) destaca que el desalojo de Casa Lola ha sido una "operación complicada"

IBIZA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, ha reconocido que el inicio del proceso de desalojo del complejo Casa Lola ha sido una "operación complicada", encontrándose en el interior de la finca a unas 70 personas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Guerrero ha explicado que, entre ellas, había una familia de origen asiático con bebés que ocupaba uno de los espacios del complejo desde el pasado domingo. "Creemos que hay también un delito de estafa. Tú no puedes alquilar algo que es completamente ilegal", ha dicho Guerrero.

El edil ha asegurado que este martes es un "día muy importante, que marcará un antes y un después en cuanto a actuaciones de protección de la legalidad urbanística y de cualquier otro tipo". Un total de tres personas han sido detenidas por resistencia en el desalojo del complejo turístico ilegal, aunque "no ha habido una gran oposición".

Según el alcalde, la demolición ha comenzado ya, aunque no se había desmontado "absolutamente nada", y los trabajos podrán completarse en "dos o tres semanas", según ha dicho.

Según ha informado a Europa Press el Ayuntamiento de Sant Josep, dos de los detenidos, supuestamente, eran personas que se alojaban en la vivienda y la otra persona es un trabajador.

El Consistorio tenía previsto este martes dar cumplimiento a la sentencia que ordena el derribo de las construcciones edificadas sin licencia dentro de este complejo turístico.

Recientemente, la propiedad fue notificada sobre la desestimación de un recurso interpuesto ante el Supremo contra la sentencia que ratifica la demolición del complejo y de la obligación de restablecer la legalidad urbanística.

Además, se informó a los promotores que disponían de un máximo de tres semanas antes de que el Ayuntamiento iniciara la ejecución subsidiaria de los trabajos de demolición.

Según el Consistorio de Sant Josep, las obras ejecutadas sin licencia, y que son ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa al edificio principal, un porche, una edificación de 50 m2 o los cimientos de otra de unos 30 m2, entre otras.

Además, entre las obras ilegalizables hay un depósito de agua con una superficie de unos 52 m2 y ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida de 933 m2, además de terrazas cubiertas y dos piscinas, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m2 y una ocupación total de unos 1.892 m2.

Las obras ilegales han sido tipificadas como infracción grave y el procedimiento, suspendido hasta la resolución del contencioso, se dirige contra la promotora y contra las empresas constructoras con una propuesta de sanción de 1,4 millones.