PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha alertado de que se pueden producir "retrocesos en derechos humanos" de derogarse la ley de Memoria Democrática de Baleares, que se debate este martes en el Parlament.
En nota de prensa, la organización ha advertido que esta iniciativa "pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos" que se cometieron en España, tanto en la Guerra Civil como en el franquismo.
Con relación al proyecto de ley, han señalado que durante la II República (1931-1945) se utilizan términos como "brutalización de la política", "deshumanización del otro", "capacidad coercitiva del Estado" o "desplazamientos forzosos de la población", mientras que de 1945 en adelante, durante el franquismo, sostienen que no se condena al régimen ni se hace referencia a su carácter dictatorial o a su responsabilidad en la vulneración de derechos humanos.
Según Amnistía Internacional, esta manera de proceder supone "una preocupante invisibilización de lo acontecido durante el franquismo, así como de las víctimas que sufrieron esas graves vulneraciones de derechos humanos". Además, han advertido que se disuelven todas las comisiones, organismos e instituciones creadas en virtud de dicha ley, al igual que todas las normas de rango igual o inferior que contradigan el texto.
Por este motivo, han pedido, en línea con lo dispuesto por el Relator Especial de la Naciones Unidas (ONU), que se garantice la preservación histórica de la memoria colectiva durante la Guerra Civil y el franquismo, así como que se adopten procesos de memorialización que permitan reconocer, recordar preservar y transmitir la información sobre las violaciones de derechos humanos.
También, han estimado conveniente que se cumpla con lo establecido en la ley de Memoria Democrática, sobre todo en lo relativo a los procesos de exhumación e identificación de las víctimas de estos períodos para que se devuelvan sus restos mortales a los familiares; y que, por último, que estas cuestiones no se consideren como un posicionamiento ideológico o partidista, sino un estándar internacional de derechos humanos y justicia transicional.
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