Aptur pide la dimisión de Barceló por la nueva ley turística y estudiará acciones legales

La asociación exige que las zonificaciones se lleven a cabo en un plazo de dos meses porque sino la ley supondrá una moratoria

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada (Aptur) de Baleares ha pedido la dimisión del vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, tras la aprobación de la nueva Ley de Turismo, y ha asegurado que estudiarán llevar a cabo "medidas legales".

El presidente de la asociación, Joan Miralles, ha censurado que la nueva normativa, aprobada este martes en el Parlament, deja "fuera la posibilidad de alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares y supone una victoria de los grandes sobre los pequeños".

Para Miralles, esto demuestra que a este Govern y a los que le dan apoyo "les ha faltado valor para hacer políticas que beneficien a los ciudadanos". "El alquiler vacacional propone un cambio de modelo que permite una democratización de los beneficios del turismo, que hasta ahora solo han llegado a los grandes propietarios y hoteleros", ha defendido.

Según Miralles, la exclusión de los plurifamiliares de esta nueva ley supone "una pérdida de tiempo y un engaño a los ciudadanos por parte de los partidos que forman parte del Govern, que se habían comprometido a regular el alquiler vacacional en este tipo de viviendas, para acabar con el agravio comparativo creado por la ley de Bauzá".

"Con esta nueva ley, básicamente no habrá más cambio respecto a la anterior que el incremento de las restricciones y de las multas", ha censurado el presidente de Aptur.

Desde la asociación recuerdan que la exclusión de los plurifamiliares deja fuera "no solo a los pisos de Palma, sino también a todos aquellos que hay en zonas turísticas, que están concebidos específicamente como vacacionales". Tampoco estas viviendas se podrán alquilar, lo que significa que se deja fuera al 50% de la oferta total del alquiler vacacional de Baleares, perjudicando a miles de familias, a la oferta básica y a Baleares como destino turístico, ha censurado.

Además, han criticado las limitaciones impuestas a las viviendas unifamiliares, que "impiden que un mismo propietario pueda comercializar más de dos viviendas".

Por esto, han anunciado que estudiarán "todo tipo de acciones o recursos legales y judiciales" e incluso, "si corresponde, la vía penal, para revocar los puntos de esta ley que invaden otras leyes estatales o europeas, como la Ley de Propiedad Horizontal o de Arrendamientos Urbanos.

Así, critican que la aprobación de la ley supone una moratoria, "ya que hasta que no haya zonificación ni PIATS no se sabrá quién podrá y quién no podrá alquilar, generando una situación de inseguridad jurídica".

Según estiman, podría pasar más de un año hasta que se resuelva esta situación y, por eso, la asociación exige que "las zonificaciones se lleven a cabo en un plazo de dos meses".