PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha pedido la no derogación de la ley de memoria democrática y ha hecho un llamamiento al consenso.
La entidad pide que se mantenga la ley, cuya derogación se decidirá este martes en el Parlament, al considerar que no se puede actuar "como si la dictadura y la represión no hubiesen ocurrido o sean objeto de interpretaciones subjetivas y/o interesadas".
Asimismo, reclaman que se aplique de forma "objetiva" y que responda al "espíritu de justicia, homenaje a las víctimas y análisis histórico que recoja a la vez verdad y reparación".
En un comunicado este lunes, ARCA ha recordado que siempre ha apoyado la ley de memoria democrática, a pesar de discrepar "firmemente" de su aplicación, sobre todo por la elaboración de un censo de símbolos, a su parecer, con notables "errores" y que perseguía "no tanto la eliminación de homenajes injustos, sino más bien arrasar con determinados vestigios de la historia".
De hecho, la asociación criticó la aplicación de esta ley durante la pasada legislatura por la destrucción de monumentos que ha implicado.
Igualmente, ha recordado que desde ARCA han contribuido a salvar el monumento de Sa Feixina. En 2010 el Ayuntamiento de Palma voto a favor de forma unánime de su resignificación, eliminando los símbolos relativos a la dictadura y régimen franquistas. No obstante, este consenso se rompió y algunos partidos pidieron su demolición, que finalmente fue denegada.
"Se quiere romper este consenso en sentido contrario, mediante la pretensión, por parte de Vox y el Partido Popular, de abolir la ley de memoria histórica balear", han señalado.
Por ello, hacen un llamamiento al consenso y al mantenimiento de la ley "en beneficio de la convivencia y la reparación y justicia necesarias". Para ARCA, el consenso de 2010 "tiene que ser el sentimiento y el criterio" que muevan la aplicación de la ley.
Así, la asociación pide que se mantenga la normativa y que se rectifique "únicamente" en aquellas cuestiones, como el censo de símbolos, que "han demostrado ser fuente de conflictos innecesarios con relación a determinados elementos que se incluyen". "Derogar la ley sería un paso hacia atrás incomprensible e injustificado", han concluido.