El Ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza) abre 2 expedientes a un local que celebró durante 12 horas una fiesta sin permiso

IBIZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, ha ordenado la paralización de la actividad a un establecimiento situado en la zona de Can Bonet que durante 12 horas alojó la fiesta de clausura de temporada de una promotora. En el Consistorio se recibieron diversas llamadas telefónicas de vecinos de la zona que denunciaron el caos circulatorio y colapso de aparcamiento provocado por esta actividad.

Este local no había solicitado autorización para realizar esta actividad, aspecto que comprobó la inspectora municipal acompañada por la Policía Local. Tras constatarlo, la inspectora levantó acta e informó a los organizadores de que debían impedir la entrada de más personas en el recinto, paralizar la actividad y desalojar a los allí concentrados, para lo cual concedió un plazo de dos horas para que el desalojo se llevara a cabo con garantías de seguridad.

Los responsables, según el Ayuntamiento, se negaron verbalmente ante la inspectora a llevar a cabo la paralización. La Policía Local regresó dos horas más tarde y comprobó que la actividad continuaba. Los responsables de la misma se negaron de nuevo a suspender la fiesta, motivo por el cual se levantó de nuevo acta.

Dos horas más tarde la Policía regresó al lugar y constató por tercera vez que se estaba desarrollando esta actividad pese a carecer de la pertinente autorización y haciendo caso omiso de la orden municipal de paralización.

A las 23:30 horas los agentes realizaron un control de tráfico a la salida de este establecimiento en el que se denunció a cinco conductores que dieron positivo en el test de drogas y a otro que rebasó el nivel máximo autorizado en la prueba de alcoholemia.

El departamento de Actividades del Consistorio abrirá expedientes contra este establecimiento por dos infracciones muy graves: la celebración del evento sin autorización y la negativa a acatar la orden de paralización. Asimismo, los técnicos municipales revisarán la licencia con la que opera este negocio y estudiarán si lo ocurrido pudiera ser constitutivo de delito penal.