Las bases del concurso de Calanova permitían la modificación del cuadro de amarres, según una funcionaria de la CAIB

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una funcionaria de la Conselleria de Turismo ha asegurado que las bases del concurso para la gestión del puerto deportivo de Calanova sí que permitían plantear la modificación del cuadro de amarres en la licitación, que fue lo que permitió a la sociedad Port Olímpic ofrecer una mejor oferta y que al parecer decantó la adjudicación del concurso, tramitado en el año 2013.

El juicio del conocido como caso Calanova, que sienta en el banquillo al exconseller de Turismo Carlos Delgado y otras cinco personas acusadas de irregularidades en la tramitación de este concurso, ha seguido este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial con la declaración de más testigos.

Entre los declarantes, esta funcionaria que participó en la mesa de valoración de ofertas por parte del departamento jurídico de la Conselleria ha mantenido que el pliego de bases permitía la modificación del cuadro de amarres, raíz de las objeciones planteadas por PortsIB, que defendía que las modificaciones únicamente las podía plantear a posteriori el adjudicatario ya con el concurso resuelto.

Según ha añadido, la propuesta de modificación del cuadro de amarres de Port Olímpic venía recogida en el estudio económico financiero --la explicación de la oferta-- que no era un criterio de adjudicación.

Por otra parte, durante la sesión de este viernes otro testigo, el exsuegro del administrador de Port Olímpic ha afirmado que éste salió de la sociedad tras el concurso por lo elevado de la inversión requerida. El testigo colaboró en la redacción del proyecto, aunque finalmente renunciaron.

Sobre los amarres, "parecía que la intención era traer barcos más grandes", ha afirmado.

Cabe recordar que el caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic y el Ministerio Público acusa al exconseller de haber manipulado el concurso para beneficiar a su socio, que tras la adjudicación vendió sus participaciones en la sociedad que se había creado expresamente para el concurso.

Fiscalía pide para el exconseller Carlos Delgado una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para el resto de los acusados se reclaman igualmente penas de cárcel similares y multas también por encima del millón de euros.