La CNMC detecta 14 licitaciones en Baleares afectadas por el cártel de manipulación por el que sanciona a Jaume Garau

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La CNMC ha detectado hasta 14 licitaciones públicas en Baleares, entre los años 2011 y 2016, afectadas por las prácticas anticompetitivas del cártel empresarial de manipulación de contratos, todas ellas con participación de Regio Plus o CPC, las dos empresas vinculadas al exjefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

Así lo recoge la resolución con la que sanciona al administrador solidario de las dos empresas, Jaume Garau, a su socia Rocío Cortés y a la empresa Regio Plus por participar en un cártel de manipulación de contratos.

La investigación de la CNMC, que abarca más de 200 contratos y 22 empresas, diferencia dos redes estructuradas, una que operaba en la zona norte de España y otra de ámbito nacional. Al frente de la segunda sitúa a Regio Plus como "impulsora del cártel", con un "papel preponderante y no meramente testimonial en la articulación y mantenimiento del cártel". "Es una de las empresas con mayor participación en las coberturas", recoge el informe.

La resolución de la CNMC incluye un contrato en 2011 con la Dirección General de Pesca del Govern, para un presupuesto para el servicio de control de operaciones cofinanciadas por el FEP en el periodo 2007-2003, con participación de Regio Plus.

En 2014 constan dos contratos, por 33.275 y 21.175 euros, con la Dirección General de Economía y Estadística, uno relativo a la asistencia técnica para verificación de operaciones del programa operativo Feder y otro del programa FSE. En ambos casos fue adjudicataria la empresa de Garau.

En 2015 se incluye entre las licitaciones afectadas un contrato con el patronato municipal de la vivienda de Palma, para la elaboración de la estrategia de desarrollo urbano sostenible.

Finalmente, 2016 es el año con más contratos incluidos en la lista, con diez licitaciones que afectan a la Dirección General de Innovación y Turismo, la Dirección General de Fondos Europeos, la dirección General de Cultura, el Consell de Formentera, el Instituto Oceanográfico, el Centre Balears Europa, el Ayuntamiento de Calvi y la empresa pública Calvi 2000.

Según la CNMC, las empresas sancionadas se solicitaban asistencia de forma recíproca para presentarse a contratos negociados sin publicidad y servirse así de 'ofertas de cobertura'. En ocasiones, la propia empresa solicitante de la cobertura era la que se encargaba de proponer a la administración las empresas a invitar.

De este modo, las empresas se ayudaban entre sí pidiendo a las demás que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que rechazaran la invitación para participar en el proceso. Así conseguían "evitar sistémicamente competir" en las ofertas.

Mediante este sistema se podían elevar los precios que pagaba la administración y se limitaba el incentivo a mejorar la calidad de los servicios, según la CNMC.

La CNMC concluye que hay suficientes evidencias para acreditar estas prácticas, incluyendo numerosos correos electrónicos entre Regio Plus y otras de las empresas investigadas, que revelan la coordinación constante para la concurrencia en los contratos públicos.

"Te adjunto un archivo con una propuesta para darnos cobertura para unas verificaciones que nos han encargado en Baleares. Si no tienes inconveniente, se lo tendrías que remitir a (...) por correo electrónico. Simplemente ponerlo en vuestro papel y enviarlo". Es uno de los mensajes intervenidos, relativo al contrato de 2014 con la Dirección General de Economía y Estadística.

GARAU SOSTIENE QUE DESCONOCÍA LAS PRÁCTICAS DE SU SOCIA

Garau, junto a varios cargos del Govern, fue investigado judicialmente por presuntas irregularidades en la tramitación de varios contratos de este tipo. El Juzgado finalmente archivó la causa.

La CNMC imputa la participación de Garau desde octubre de 2015 hasta junio de 2018 en el cártel nacional. El afectado, por su parte, alegó que sus funciones como directivo de las dos empresas no eran tareas de dirección real, sino a título nominal, y que desconocía las prácticas de su compañera.

Sin embargo, la Comisión considera constatado que tanto Garau como su socia desarrollaban estas prácticas "estando normalmente en copia del resto de correos", con participación "constante, reiterada, activa y autónoma".