PALMA DE MALLORCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un ingeniero del Consell de Mallorca y un empresario se han confesado culpables este lunes de delitos de prevaricación y estafa, respectivamente, por el desvío de al menos 15.724 euros públicos, mediante la presentación de facturas inveraces entre los años 2007 y 2011, vinculadas al contrato de mantenimiento de carreteras.
Sus defensas y la Fiscalía han alcanzado un acuerdo, que se ha ratificado por la mañana en una vista en la Audiencia Provincial de Baleares. La Fiscalía ha retirado la acusación para cinco personas, entre ellas, la exsecretaria técnica de Obras Públicas, Malén Tortella -quien posteriormente fue gerente de Emaya con Unió Mallorquina-.
El ingeniero del Consell de Mallorca encargado del contrato, Francisco Sánchez, ha aceptado una pena de 8 años y medio de inhabilitación para empleo público en la administración insular o local; y el empresario Francisco Soler -socio de dos de las empresas de la UTE contratista- ha aceptado 11 meses de cárcel, que han sido sustituidos por una multa de 11.880 euros.
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