MENORCA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Menorca se enfrenta a una reclamación patrimonial de 1,1 millones de euros motivada por el procedimiento de adopción de un menor, sobre el cual la familia mostró su disconformidad con la actuación del servicio de la administración insular.
Según ha explicado este viernes la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés, esta reclamación patrimonial se presentó el 27 de noviembre de 2017. "Es totalmente legítimo que cualquier ciudadano pueda presentar una reclamación, lo que no puede ser es que el Consell haya tardado seis años en tramitar un proceso que se tendría que haber tramitado en seis meses como establece la ley", ha dicho.
En esta línea, ha admitido que es un asunto que les crea "preocupación por las negativas consecuencias que tendrá la reclamación para el Consell y para todos los menorquines y, en segundo lugar, por la evidente y gravísima desidia de los anteriores responsables al retrasar y no dar la celeridad que se merece un tema como este".
La consellera ha indicado que en el momento en que se presentó la reclamación patrimonial la directora insular era Brbara Torrent, quien después ocupó el cargo de consellera de Bienestar.
"El procedimiento ha estado totalmente paralizado especialmente en dos periodos, durante un año y ocho meses, del 16 de diciembre de 2019 hasta el 21 de agosto de 2021, y durante un año y nueve meses, desde el 17 de noviembre de 2021, hasta que ha sido retomado hace dos semanas por el actual equipo de gobierno", ha asegurado.
Reynés y el director insular de Atención Social, Daniel García de Mar, también han expresado que durante la tramitación del procedimiento "hubo un error muy grave".
En este sentido, han explicado que el 3 de diciembre de 2019, sin que se hubieran presentado alegaciones por parte el reclamante, el Consell de Menorca elevó el expediente al Consultivo sin adjuntar la propuesta de resolución (un trámite obligatorio), lo que supuso su devolución a la administración insular para que procediera a la elaboración de esta propuesta.
La consellera ha recalcado que hasta el 26 de octubre del 2021 no se elaboró la propuesta de resolución y se dio traslado al reclamante, quien en este momento sí que presentó alegaciones, el 17 de noviembre de 2021.
"Entonces se vuelve a producir una nueva paralización, cuando el Consell tendría que haber elevado la propuesta al Consultivo como establece la ley en el plazo de diez días, y no se ha hecho hasta que desde el nuevo equipo de gobierno, el pasado 7 de agosto, lo remitimos", ha puntualizado.
Reynés y García de Mar han agradecido el trabajo conjunto y la ayuda de los técnicos de la administración que, según han manifestado, "en poco más de dos semanas se ha procedido a contestar a las alegaciones efectuadas por la reclamante y a poner a disposición del Consejo Consultivo la propuesta de resolución paralizada desde el 17 de noviembre de 2021".
"En esta propuesta se ha introducido, además, un nuevo cálculo indemnizatorio con el fin de minimizar el impacto que esta reclamación pueda implicar para los ciudadanos", han concluido.