Cort espera tener "en breve" los trámites administrativos para demoler las construcciones irregulares de Son Banya

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma espera finalizar en un plazo de tiempo breve los trámites administrativos necesarios para proceder a la demolición de las construcciones irregulares realizadas en el poblado de Son Banya.

Lo ha dicho este lunes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación después de su visita a las obras de la futura 'escoleta' de Son Dameto.

"Está prevista una actuación para retirar y para demoler todas las actuaciones ilegales que se han hecho sobre suelo público", ha dicho Martínez, quien ha admitido que siguen a la espera de los trámites administrativos para poder proceder.

"Desgraciadamente, el Ayuntamiento tiene que combatir la delincuencia con leyes, con normas, con trámites administrativos. Me gustaría que fuera mucho más rápido. Pero no duden que, tan pronto como se pueda, se hará la actuación", ha insistido.

Preguntado acerca de un posible plazo para que se resuelvan los trámites, Martínez se ha limitado a decir que éstos estarán listos "en breve".

ASENTAMIENTOS EN PALMA

El alcalde también ha sido cuestionado acerca del creciente número de asentamientos irregulares que proliferan en la ciudad, una situación que ha dicho que le preocupa y sobre la que, ha reprochado, en los últimos mandatos "se ha mirado hacia otro lado".

"Yo no he venido a mirar hacia otro lado", ha contrapuesto Martínez, quien se ha comprometido a poner sobre la mesa toda la información posible sobre los asentamientos de forma "transparente" para que las administraciones "sean conscientes de que necesitamos soluciones para cada una de las casuísticas".

"Sea un tema de caravanas, sea el tema de la antigua prisión o de cualquier persona vulnerable que necesite de que los servicios sociales de cualquiera de las administraciones actúe", ha señalado.

"NO ACABA NINGÚN PLAZO"

También se ha referido al desalojo de la antigua prisión de Palma, a cuyos moradores se les comunicó la pasada semana que tenían un plazo de diez días para abandonar el recinto.

"No acaba ningún plazo, no lo he dicho ni lo diré. Es decir, lo que acaba es un plazo administrativo de comunicación de que es un lugar en el que no pueden estar las personas que están", ha matizado.

El Ayuntamiento, ha dicho, está buscando de manejar las diferentes casuísticas de las personas y colectivos que se encuentran en el edificio para encontrarles una solución.

"Es lo que haremos con responsabilidad y con todas las administraciones y organizaciones que están involucradas y preocupadas por este tema, entre todos buscaremos las soluciones necesarias", ha incidido.

Lo que ha hecho el Consistorio, ha insistido, es notificar a los moradores que se encuentran en un lugar "en el que no se puede vivir" debido a que su seguridad corre riesgo.

En el espacio que ahora ocupa la antigua prisión, ha subrayado, se tiene que llevar a cabo un proyecto de movilidad --una rotonda, en concreto-- y otro de vivienda, por lo que se debían comenzar los procesos administrativos para recuperarlo.