El alcalde acusa al Gobierno de Sánchez de querer "usurpar" los bienes de los ciudadanos sin ninguna compensación
PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma está preparando sus alegaciones para mantener la propiedad de Mercapalma ante la solicitud de Mercasa --empresa pública del Estado-- al Consejo de Ministros, por la que el consistorio perdería su dominio sobre los activos y pasivos de la infraestructura.
"Llegaremos donde tengamos que llegar, sin ninguna duda", ha advertido este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que no descarta llevar el asunto a los tribunales si es necesario. El primer edil ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "expoliar", "usurpar" e incluso "robar" los bienes de los ciudadanos de Palma.
Martínez ha pronunciado estas palabras en una rueda de prensa donde ha anunciado que Mercasa ha comunicado a Cort el cese de las negociaciones sobre el futuro de Mercapalma, e iniciado un procedimiento a través del Gobierno para quedarse con la infraestructura.
Cabe recordar que la concesión terminaba el pasado 7 de junio tras 50 años. Durante este tiempo Mercapalma ha tenido a Mercasa y el Ayuntamiento como accionistas, el primero con un 45% de participación y el segundo con un 55%. Los estatutos firmados en 1974 determinaban que una vez finalizado este plazo, el Ayuntamiento debía recuperar la infraestructura en condiciones de uso normales, revirtiéndole todos los activos y pasivos.
Llegada la fecha el Ayuntamiento inició negociaciones con Mercasa para realizar los trámites necesarios. Según Martínez, la propuesta de Cort siempre ha sido mantener a Mercasa como accionista con nuevas condiciones, pero la empresa estatal se ha negado en redondo y exigía una concesión indefinida, sin límite temporal, algo que para Cort es jurídicamente inviable: "Nunca se ha barajado esta posibilidad".
En este contexto, Martínez ha lamentado la "deslealtad" de Mercasa por haber instado, paralelamente a estas conversaciones, una solicitud al Gobierno para modificar los estatutos eliminando el derecho del Ayuntamiento a recuperar la infraestructura, y sin ninguna indemnización. Cort tiene hasta el próximo 21 para formular alegaciones.
Andalucía
