Cuestionan que Florit encargara a la Policía un informe sobre cómo se investigó a los periodistas

Los abogados de los medios de comunicación afectados sugieren que el informe solicitado por el juez "parece guardar más relación" con la querella que con sus funciones como instructor

PALMA DE MALLORCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación legal de los periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca' ha contestado a la petición de la Fiscalía de archivar la querella contra el juez Miguel Florit, en un nuevo escrito de alegaciones en el que, entre otros aspectos, cuestiona que el magistrado encargara en febrero a la Policía un informe sobre cómo se llevó a cabo a la investigación de la pieza que él mismo instruye.

La querella se presentó por la incautación de móviles y ordenadores de dos redactores que cubren el 'caso Cursach' y posteriormente se amplió para incluir las órdenes dictadas por Florit para estudiar sus llamadas y el posicionamiento de sus teléfonos. Los periodistas consideran que los autos dictados por Florit, con el aval del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, suponen presuntos delitos de prevaricación, interceptación ilegal de las comunicaciones y vulneración del secreto profesional periodístico, entre otros.

La última petición de archivo por parte del fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, se apoyaba en gran parte en este oficio de la Policía Judicial, que fue aportado al Juzgado de Instrucción número 12 el pasado 27 de febrero, tras una petición de Florit formulada el 15 de febrero.

En el escrito, los abogados de los periodistas argumentan que "chirría tremendamente" que "a los pocos días" de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) rechazara archivar la querella contra el magistrado, éste decidiera pedir este informe a la Policía Judicial. El TSJIB desestimó la petición de sobreseimiento el 8 de febrero, en una resolución en la que también admitió la ampliación de la querella que incluía al fiscal Anticorrupción Juan Carrau.

En este sentido, la representación de los periodistas considera que el objeto de este informe "parece guardar más relación" con la querella contra Florit que con las diligencias del Juzgado en las que él es el instructor.

Por este motivo, la defensa de los medios de comunicación querellantes manifiesta su "extrañeza" ante "la propia existencia y origen" de este oficio policial, ya que no se aportó al Juzgado "de forma espontánea" por parte de la Policía. Además, el escrito añade que "sorprende" que la Fiscalía "pretenda usar" el oficio "para conseguir el archivo inmediato" de la querella.

Igualmente, la defensa de los medios resalta que Florit anuló el auto de incautación "varios días después de que se admitiera a trámite la querella", que tuvo una "gran repercusión mediática" por lo que "sin duda" el juez tenía ya "pleno conocimiento" de ello. Así, entienden que el auto anulando la incautación "no es otra cosa que un intento de rectificar su actuación".

En el escrito, la defensa de los periodistas también reitera que la incautación de los móviles y las órdenes para recabar datos telefónicos de los redactores suponen una vulneración del secreto profesional periodístico, algo que consideran "obvio". Argumentan que si las fuentes periodísticas percibiesen que cualquier documento facilitado a un periodista o cualquier contacto con el mismo "pudiese quedar al descubierto en una investigación", pese a existir el secreto profesional, esto tendría un efecto disuasorio "y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión se vería seriamente afectado".

Tanto el juez Florit como el fiscal Carrau ya han sido llamados a declarar ante el TSJIB como investigados, mientras que los periodistas han sido citados en calidad de testigos. También deberá declarar el inspector de la Policía Nacional encargado de la investigación que se sigue en el Juzgado, quien participó en la incautación de los móviles. Este agente es el autor del informe solicitado por Florit.

EL OFICIO DE LA POLICÍA

El informe solicitado por Florit a la Policía Judicial sostiene que los listados de llamadas de periodistas eran "vitales" para investigar la revelación de secretos, e informa de que no se llegó a realizar el estudio de los móviles y dispositivos intervenidos porque el Juzgado ordenó devolverlos "antes de la realización de cualquier tipo de diligencia".

Los agentes consideraron que pedir primero los datos telefónicos de los redactores, en lugar del de los funcionarios potencialmente sospechosos, era una medida "adecuada y más proporcional". Estimaron necesario obtener los listados de llamadas de los redactores para poder descartar todos los posibles filtradores con los que los redactores hubieran tenido contacto.

El oficio también señala que la geolocalización solamente fue utilizada "para comprobar si alguno de los investigados y los periodistas habían contactado", es decir, "que los sospechosos hubieran estado en la sede de los diarios o los periodistas en los domicilios u oficinas" de los investigados.

Cabe recordar que, el pasado diciembre, tres policías y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial y se incautaron del móvil de la periodista Blanca Pou y otros dispositivos. Esa mañana también requisaron el móvil al periodista de 'Diario de Mallorca' José Francisco Mestre, en los Juzgados.

Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella contra Florit, que fue admitida a trámite. Posteriormente, el juez anuló el auto de requisa, diez días después de firmarlo. Más tarde, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez había ordenado en varias ocasiones rastrear los teléfonos móviles de periodistas y redacciones de medios de comunicación.