Las defensas intentan desmontar las acusaciones del caso Calanova al considerar que "no tienen ningún sentido"

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres abogados defensores del caso Calanova han tratado de desmontar las acusaciones contra el exconseller de Turismo Carlos Delgado y otras cinco personas al considerar que éstas "no tienen ningún sentido", por lo que han solicitado la absolución de todos ellos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha concluido este martes el juicio sobre las supuestas irregularidades durante el concurso en 2013 para la gestión del puerto deportivo, que acabó siendo adjudicado a Port Olímpic, la sociedad del que era administrador un amigo y socio de delgado, Carlos Gelabert, también encausado.

En sus respectivos informes finales, los letrados defensores han argumentado que la redacción de los pliegos de las bases del concurso y la posterior licitación se realizó conforme a ley y han negado que sus representados amañaran el procedimiento, por lo que han pedido su libre absolución.

En concreto, el abogado que representa a Delgado, Gelabert y al ex secretario general de Turismo, Joaquín Legaza, ha reprochado que la investigación se haya realizado de forma "prospectiva" y que llevara a "una de las imputaciones más inadecuadas que ha existido", la de una funcionaria de la Conselleria, que finalmente decayó.

También ha tratado de desmontar lo manifestado en la anterior vista por las distintas acusaciones, especialmente las del fiscal anticorrupción Juan Carrau y el representante de la Abogacía autonómica, quienes alegaron que durante el concurso se ocultaron datos con el fin de que Calanova fuera adjudicado a Port Olímpic.

"La tesis de las acusaciones no tiene ningún sentido", ha señalado el abogado, quien ha rechazado que la modificación del cuadro de amarres --que supuestamente permitió a la licitante presentar un canon superior a sus competidores-- no estuviera contemplado en los pliegos ni que se contraviniera el principio de igualdad en la concesión.

"Las acusaciones construyen el argumento al revés. Como dicen que Gelabert y Delgado eran amigos, buscan elementos de prueba a partir de esa base, pero tiene que ser al revés, analizar la prueba y alcanzar una conclusión", ha incidido.

Respecto a la supuesta ocultación de las pruebas, el letrado ha contrapuesto que en la redacción de los pliegos concurrieron múltiples funcionarios y que en los consejos de administración de PortsIB se expresaron divergencias jurídicas, lo que a su juicio invalidaría esa presunción. "¿Meter a muchísima gente para que todo el mundo opine es lo que se hace para arreglar un concurso? Yo creo que claramente no", ha señalado.

En esa línea también ha reprochado que las acusaciones alegaran que el hecho de que Legaza se excusara por el retraso en facilitar determinada información les lleva a concluir. "Si quieres amañar el concurso y quieres retrasar información, ¿no parece más lógico callarse, en la lógica criminal?", se ha preguntado.

El letrado de dos de los empresarios acusados, quienes formaban parte de Port Olímpic, ha concluido que las acusaciones "se separan abiertamente de la prueba practicada" y han empleado de manera "selectiva" solo aquellas partes que les interesan para apuntalar sus argumentos.

También ha insistido en el hecho de que la legalidad de un procedimiento administrativo se base en criterios no jurídicos, como la supuesta amistad entre Delgado y Gelabert y ha subrayado que los reproches que se le pueden hacer a la empresa que finalmente resultó adjudicataria son, en cualquier caso, por haber sido "transparente" con la administración.

Esto es, ha dicho, porque fueron los único que se pronunciaron sobre la posibilidad de que, cuatro años después de la posible adjudicación, modificaran el cuadro de amarres del puerto, algo que a su juicio permitían las bases del concurso. "El problema de Port Olímpic es que de buena fe fueron muy transparentes, y eso lo sancionan las acusaciones", ha remarcado.

En la misma línea que el primer abogado, ha considerado que el hecho de que en los consejos de administración no se ocultaran las controversias jurídicas expuestas por algunos funcionarios invalidan las acusaciones de ocultación de pruebas.

Asimismo, se ha referido al informe elaborado por la jefa de los servicios jurídicos de PortsIb, en el que se proponía estimar dos recursos de reposición presentados por sendos licitantes que perdieron el concurso al considerar que la adjudicataria incumplió las bases del mismo.

Aunque ha admitido que éste no se puso a disposición de los miembros del consejo de administración, ha considerado que era de escasa entidad jurídica y que sus argumentos sí fueron escuchados de forma verbal por algunos vocales. "Y no sabemos si hubiera variado la decisión", ha sentenciado.

Con todo ello, ha concluido que no se han practicado las pruebas necesarias para determinar que los acusados incurrieran en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por los que las acusaciones piden que sean condenados.

En concreto, la Fiscalía solicita que Delgado y Legaza sean condenados a un año y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1,1 millones de euros, y el resto a un año y seis meses de cárcel y a la misma cantidad económica.

Por su parte, la Abogacía de Baleares pide penas ligeramente más altas, de dos años de prisión y a una multa de 1,46 millones de euros cada uno de ellos. Ambos solicitan, además, que sean condenados a penas de inhabilitación.