Las defensas niegan que el desfase de 42 millones en la carretera Palma-Manacor repercutiese en las arcas públicas

Se investigan delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración

PALMA DE MALLORCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los imputados del conocido como caso Peaje, centrado en un presunto desvío de fondos del Consell de Mallorca durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, han negado este viernes que el desfase de 42 millones de euros detectado en el presupuesto de las obras repercutiese en las arcas públicas.

Así lo han puesto de manifiesto durante una vista celebrada a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, en la que también han estado presentes los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán y el letrado de la institución insular con el objetivo de esclarecer los hechos que rodearon a la construcción de la carretera C-715.

Tal y como han aseverado los letrados de los distintos imputados, las partidas que se destinaron a las obras no influyeron en los gastos públicos, puesto que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa, y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715.

En el marco de esta causa, impulsada a principios de 2009 y en la que hasta trece acusados deberán sentarse en el banquillo, la Fiscalía imputa delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración. En octubre del pasado año, la Audiencia confirmó que sea un jurado popular el que juzgue a los acusados.

Con esta diligencia, quería conocer de forma más detallada la modalidad y sistema de los pagos efectuados por el Consell conforme al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la carretera y los modificados que se llevaron a cabo.

PRINCIPALES IMPUTADOS EN LA CAUSA

En concreto, entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.

Los fiscales sostienen que, después de que el Consell contratase en junio de 2004 a Pamasa para llevar a cabo los trabajos de desdoblamiento -habiendo sido constituida un mes antes-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.

Asimismo, la Fiscalía postula cómo se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.

699.000 EUROS PARA UN CHALET QUE DISFRAZARON DE TEMPLO CHINO

Entre los gastos supuestamente cargados al Consell se encuentran los 699.087 euros que costaron las obras de una edificación levantada en el municipio de Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos a pesar de que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas.

De hecho, Francisco Orejudo y otros encausados aseguraron en el marco de esta causa que este templo de meditación fue construido gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang -a la que pertenecen-.

Cabe recordar que la operación policial de la causa, llevada a cabo en marzo de 2009, se saldó con la detención de un total de 16 personas. En concreto, la UTE Desdoblamiento C-715 estaba integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr.