PALMA/MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado este viernes del riesgo que conlleva la falta de sanitarios en los centros penitenciarios y ha recordado que la contratación de los mismos es competencia de Comunidades Autónomas, a pesar de que actualmente solo lo estén cumpliendo Cataluña, Navarra y el País Vasco.
Durante la rueda de prensa posterior a la presentación del informe del año 2023 en el Congreso, le han preguntado por las movilizaciones que están teniendo lugar desde los numerosos sectores del personal penitenciario por la falta de personal, especialmente del ámbito sanitario.
Gabilondo, por su parte, ha reconocido esa falta de personal existente, en especial de personal sanitario, y tras recalcar que su institución no ejerce un servicio de "inspección", sino de "prevención", ha advertido: "Que no haya personal suficiente previene mal que las cosas sigan así y que no pueda darse atención a cualquier situación que pueda producirse".
En el caso del centro penitenciario de Palma, al hilo de la falta de personal sanitario, el informe recoge como sugerencia la posibilidad de que el tratamiento directamente observado (TDO), que supone asegurar que el paciente recibe sus dosis de medicación correctamente, en el caso de los psicofármacos pase a ser una medida individualizada y no sistematizada, ante "el problema de la escasez crónica de recursos humanos de personal sanitario en los centros penitenciarios y el elevado nivel de prescripción de estos medicamentos".
También en materia de prisiones, el Defensor del Pueblo recomienda que en Palma se suprima la posibilidad de someter a régimen de aislamiento a las personas internas que cuenten con antecedentes de trastorno mental, especialmente aquellas con trastorno mental grave incluidos en el Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental (Paiem).
Sugieren al mismo tiempo que se habiliten los mecanismos necesarios para proveer de formación en derechos humanos, trauma y determinantes sociales de la criminalidad dirigida a los funcionarios.
SOLO CUMPLEN 3 DE 17 CC.AA
A juicio de Gabilondo, es un deber que haya más personal sanitario y más personal especializado porque esta ausencia es "el talón de Aquiles" del sistema penitenciario, aunque reconoce que es "muy fácil" decirlo y realmente habría que "preguntar cuántos desean trabajar" en una prisión.
Sin embargo también ha querido recordar que la labor de gestionar el personal sanitario de los centros penitenciarios, según la ley, corresponde a las Comunidades Autónomas, y "resulta que esta ley no se está cumpliendo muy bien".
Según ha explicado Gabilondo, actualmente solo algunas comunidades se han hecho cargo de la contratación de sanitarios en las cárceles, concretamente Cataluña, Navarra y País Vasco, en el resto de comunidades es el Ministerio del Interior el que se hace cargo de este servicio.