El Defensor del Pueblo recibió 34.926 quejas ciudadanas en 2023, 604 procedentes de Baleares

PALMA/MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo 34.926 quejas en 2023 --3.849 más que en 2022-- 604 de las cuales procedían de Baleares.

La mayoría de ellas están relacionadas con la Administración de Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad. Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

En el caso del archipiélago, 33 eran quejas individuales, de las que 16 están en trámite y 17 han concluido, 8 eran de oficio; 41 procedían de años anteriores; y dos tenían que ver con recursos ante el Tribunal Constitucional,

"Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías", ha asegurado Gabilondo este viernes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

En concreto, ha explicado que la institución tramitó un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias.

Además, inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022, y atendió personalmente a 37.752 ciudadanos, 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.

"CAMBIOS ORGÁNICOS" EN EL IMV

Asimismo, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo ha indicado que "es necesario introducir cambios orgánicos". También se ha referido a los menores migrantes y ha recalcado que se precisa adoptar medidas legislativas. "Este asunto no puede depender sólo de la buena voluntad de las comunidades autónomas, sino del compromiso de España con la Convención de los Derechos del Niño", ha destacado.

En cuanto a la violencia de género ha expuesto que sigue siendo una "importante preocupación ciudadana" y que también lo es para el Defensor. "Continuamos trabajando para que se amplíe el ámbito de protección que ofrece la ley a todos los tipos de violencia de género", ha afirmado. Así, ha destacado que han realizado una serie de recomendaciones para mejorar la gestión y la atención de las mujeres en los servicios públicos que se encargan de atender a estas víctimas.

En este sentido, se ha referido a la violencia vicaria, de la que ha señalado que se sigue denunciando "un uso indebido del síndrome de alienación parental" por parte de algunos jueces, fiscales y profesionales de los equipos psicosociales.

En todo caso, ha añadido que el Ministerio de Justicia ha trasladado al Defensor que las decisiones judiciales de suspensión del régimen de visitas para padres acusados o condenados por violencia de género han aumentado "muy notablemente" en el año 2023. "Se requiere un mayor compromiso con la protección de menores expuestos a ese tipo de violencia", ha subrayado.

En el Informe, el Defensor del Pueblo también considera que los casos de abuso en menores tutelados no han recibido un tratamiento "transparente, ordenado y sistemático".

Además, sobre los menores migrantes no acompañados precisa que es necesario dotar a las islas Canarias de "infraestructuras adecuadas" y de "personal especializado" en las llegadas para la identificación, acogida e integración de estos niños.

Gabilondo también ha precisado que han detectado casos de discriminación por origen racial o étnico en algunos ámbitos, como en el educativo, en población gitana, y "barreras que aún persisten con las personas con discapacidad".

"El informe de actividad de la institución correspondiente a 2023 que les acabo de presentar desvela qué asuntos preocupan a la ciudadanía y qué precisa está de la Administración y de las Administraciones. Es evidente que necesitamos todos el apoyo mutuo y el apoyo de toda la sociedad", ha indicado Gabilondo.