El denunciante de Punta Prima: "Ferrer me dijo que ganaron prometiendo evitar un crecimiento desorbitado en Formentera"

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El denunciante del caso 'Punta Prima' ha asegurado que el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, le dijo que "habían ganado las elecciones con la promesa de evitar un crecimiento desorbitado en Formentera", en referencia a la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de su complejo turístico en Punta Prima.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha acogido este martes la segunda sesión del juicio, que juzga al expresidente del Consell, la exvicepresidenta de la institución, Sonia Cardona, el exconseller insular de Promoción Económica y Territorio, Bartomeu Escandell, y el de Turismo, Josep Mayans, por un supuesto delito de prevaricación.

Durante su intervención, el denunciante ha asegurado que el entonces alcalde de Formentera propuso que la construcción del complejo turístico la hiciera su hijo.

"Las personas que estaban a cargo del proyecto se negaron y, a partir de ahí, el Ayuntamiento encontró mil problemas para no autorizar la segunda fase del proyecto, aprobado inicialmente", ha añadido.

Fue entonces, según el empresario, cuando obtuvieron una sentencia a su favor que les permitía construir la segunda fase y, seguidamente, procedieron a iniciar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que se aprobó de forma provisional en 2005.

Poco después, la Conselleria de Medio Ambiente del Govern acordó que el PERI se tenía que volver a publicar "por eventuales problemas medioambientales" y se ordenó al complejo turístico que publicara un Informe de Impacto Medioambiental.

Finalmente, la Conselleria lo consideró suficiente y lo remitió al Ayuntamiento para su posterior publicación y tramitación. "No se publicó nunca", ha censurado el empresario.

Al poco tiempo entró una nueva formación en el gobierno con la que firmaron un convenio para que, a cambio de la creación de un vial que diera acceso a una torre que se encontraba en la zona del complejo, se agilizara la publicación del informe y la construcción de la segunda fase del complejo.

"Posteriormente, el Govern me denunció como consejero delegado de la empresa por construir el vial en suelo calificado de protección por estar al lado del Parque de Ses Salines", ha expresado el denunciante, quien ha señalado que "toda una administración hizo desaparecer el convenio que todo el mundo conocía".

Fue entonces cuando el denunciante procedió a ampliar la querella al Consell de Formentera, "que declaró que este convenio no existía y era desconocido".

Al mismo tiempo, el empresario ha asegurado que inició una serie de reuniones con el entonces presidente del Consell, Jaume Ferrer, para pedir explicaciones sobre la no publicación del Informe de Impacto Ambiental.

Sobre esto, el denunciante asegura que Ferrer le contestó: "Hemos ganado las elecciones con la promesa de impedir un crecimiento desorbitado de construcciones en Formentera" y, finalmente, acordaron que se redujera a la mitad la construcción prevista en Punta Prima.

Poco después, ha insistido el empresario, fue cuando se aprobó la normativa general de la isla, "que calificaba el suelo de rústico" y, por ende, "impedía que se construyeran viviendas residenciales". En 2010, se aprobó finalmente la revisión de las normas subsidiarias, que calificaron su suelo como Espacios Libres Públicos.

LA FISCALÍA NO ACUSA

El caso, conocido como 'Punta Prima', se remonta al año 2010, cuando se acordó por mayoría absoluta aprobar la revisión de las normas subsidiarias de Plan Urbanístico de Formentera.

Esto determinó que algunos terrenos fueran declarados como Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell y, por ende, que algunas zonas no fueran edificables, ya que debían mantener la calidad paisajística y natural de los terrenos, al estar incluidas dentro de la zona de protección del Parque Natural de Ses Salines.

Un empresario alemán, responsable de un complejo turístico que estaba ubicado en dicha zona y que tenía pendiente la construcción de la segunda fase de su proyecto, presentó entonces la querella.

Con todo, el Ministerio Fiscal entiende que no queda acreditado que los acusados, para conseguir dicha aprobación, la retrasaran intencionadamente mediante la no publicación del Informe de Impacto Ambiental.

Por contra, la acusación particular, sostenida por la empresa afectada Sunway S.L., pide que se juzgue a los procesados por un presunto delito de prevaricación administrativa.