Sostienen que les citó en un bar y les dio un sobre con los pliegos diciendo que era para "ayudarles"
PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los empresarios que denunciaron el supuesto amaño del concurso de playas de Felanitx han declarado este lunes, en la Audiencia Provincial, que el concejal de Playas, Juan Ramón Vidal, les adelantó los pliegos unos días antes de que se publicaran.
Se trata de dos empresarios que también optaban al concurso --a la explotación de playas y al servicio de socorrismo--. Ambos han afirmado que el regidor les citó a los dos juntos en un bar de Campos y allí les entregó un sobre con los pliegos que iban a salir en el Boletín Oficial (BOIB) unos días más tarde.
"Dijo que era para ayudarnos", ha explicado uno. La Fiscalía cree que fue una maniobra del concejal para disfrazar el trato de favor a la empresa ganadora, que según la acusación habría sido informada de las condiciones --con modificaciones sustanciales-- con mucha más antelación.
Los denunciantes han coincidido en que con el escaso plazo de presentación de ofertas "no era viable" realizar una propuesta para unos pliegos de ese volumen sin tenerlo ya "preparado". "Era de locos, se veía claramente que se quería favorecer a alguien", han dicho.
La Fiscalía acusa al exalcalde del PP Biel Tauler (2011-2015) y al exconcejal de Playas, Juan Ramón Vidal, de haberse concertado para asegurar que la concesión fuera a parar a una empresa determinada, Marportunbeach.
Supuestamente lo hicieron elaborando un concurso a medida, adelantando los pliegos al empresario para darle ventaja, acortando ilegalmente los plazos de presentación de ofertas e incluyendo a una persona ajena al Ayuntamiento en las valoraciones, según las tesis del fiscal Anticorrupción Juan Carrau.
La Fiscalía pide para el exalcalde una pena de dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por presuntos delitos de prevaricación continuada y fraude. Para el regidor pide cuatro años de cárcel e inhabilitación por 23 años; y para el empresario, cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público durante nueve años y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas e incentivos fiscales durante 12 años y medio, por presuntos delitos de fraude, aprovechamiento de información secreta y prevaricación continuada (este último, como inductor).
En el banquillo se sientan también el propietario de la mercantil --y la empresa como responsable civil subsidiaria--, el secretario y el ingeniero municipales y el técnico externo que elaboró los pliegos. Además se juzga también a un trabajador de la empresa ganadora, antiguo encargado del chiringuito de Cala Marçal, acusado de haber estrellado deliberadamente su coche contra el negocio de un competidor que había impugnado las adjudicaciones.
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