Dos fiscales Anticorrupción de Madrid se oponen al recurso de Europa Press contra el rastreo del móvil de su periodista

Argumentan que los afectados no son parte en el procedimiento, una condición exigida por la Ley para poder recurrir

PALMA DE MALLORCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los fiscales Tomás Herranz y Concepción Sabadell, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, han firmado un escrito en el que se oponen al recurso de queja presentado por Europa Press, con el que la agencia de noticias pretendía impugnar el rastreo de las llamadas y posicionamientos del teléfono móvil de la periodista Blanca Pou.

El juez instructor del 'caso Cursach', Miguel Florit, no admitió a trámite el recurso presentado por este medio de comunicación contra una orden dictada en noviembre, por la que había solicitado a una teleoperadora los listados de llamadas de la periodista con el objetivo de investigar el origen de noticias publicadas respecto al caso.

Los fiscales de Madrid consideran que la inadmisión del recurso se ajusta a derecho porque ni la redactora ni su medio de comunicación son investigados en el procedimiento, ni tampoco acusación particular o popular ni responsable civil.

Así, los periodistas no tienen la consideración de parte en la causa, una condición exigida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder impugnar las resoluciones de los jueces. Los afectados consideran que esta circunstancia les priva del derecho a la tutela judicial.

'CASO MÓVILES'

El pasado diciembre, la Policía se incautó, por orden de Florit, de los teléfonos móviles de dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca', Blanca Pou y Kiko Mestre, en una pieza abierta para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach'. También requisaron ordenadores, un pendrive y diversa documentación en la sede de Europa Press.

Los periodistas y sus medios de comunicación interpusieron una querella por prevaricación contra Florit, que fue admitida a trámite. Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.

Este miércoles está prevista una prueba pericial para determinar si los móviles y ordenadores incautados fueron volcados o examinados por la Policía, en el marco de la querella contra Florit. La prueba se realizará en la Jefatura Superior de Policía Nacional en Baleares, y ha recaído en la Policía Científica.

Tras un informe técnico del grupo de la Policía Científica, los medios de comunicación pidieron no realizar la prueba porque consideran que se vulneraría el derecho al secreto profesional, y porque tampoco garantiza si "ha habido o no apertura, acceso, copia o volcado de datos" de los teléfonos.