El empresario de Playa de Palma juzgado por presuntos sobornos a policías se acoge a su derecho a no declarar

Un subinspector de la Patrulla Verde niega trato de favor al empresario

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario Miguel Pascual se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en el juicio por la presunta trama de corrupción policial en la Playa de Palma, una pieza conocida como caso Pabisa.

El juicio ha arrancado por la mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, contra nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y el empresario del ocio nocturno. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau los acusa de concertarse para beneficiar a los locales propiedad de éste último en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente.

El fiscal pide penas de prisión que alcanzan los 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho. Se trata de una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre la supuesta corrupción en la Policía Local de Palma.

La vista ha comenzado con el debate de cuestiones previas. Durante el trámite, que ha durado varias horas, entre otras peticiones las defensas han solicitado levantar el anonimato de algunos testigos protegidos. El Tribunal lo ha rechazado.

Los abogados también han censurado falta de concreción en el escrito del fiscal. El Tribunal resolverá en la sentencia sobre ésta y otras cuestiones previas.

A continuación ha sido el turno de los interrogatorios de los acusados, comenzando por el empresario, que no ha querido responder a ninguna pregunta ni del fiscal ni de su abogado. Seguidamente, un subinspector de la Patrulla Verde ha negado cualquier trato de favor a los negocios de Pascual.

LA ACUSACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN

Los hechos incluidos en esta pieza habrían tenido lugar entre 2007 y 2015. Se investiga si hubo preavisos de inspecciones a locales del Arenal del empresario Miguel Pascual, si existía orden de trato preferente en estos locales por parte del funcionario que tenía competencias en materia de licencias y si contaban con vigilancia, por parte de algunos agentes, para que locales no tuvieran que contratar seguridad privada.

El escrito de acusación recoge, entre otras cuestiones, momentos en los que el propio empresario acusado recriminaba a agentes de la Patrulla Verde que hicieran inspecciones sin avisar e incluso amonestaciones a agentes por parte de superiores por no obedecer órdenes precisas de trato de favor. Además, constan inspecciones con resultado positivo que no llegan a tramitarse o sancionarse.

El fiscal sostiene que el empresario obsequiaba con servicios sexuales gratuitos y consumiciones a los otros acusados, supuestamente a cambio de que le avisaran de las inspecciones. Así podrían evitar, por ejemplo, que detectaran empleados en situación irregular al encargarse de que no los encontraran trabajando en esos momentos.

Carrau recoge igualmente que el empresario habría dado orden a sus subordinados para que prestaran trato de favor al funcionario acusado y que disfrutara de servicios sexuales y consumiciones gratis. Este funcionario, con competencias en urbanismo, licencias y actividades, habría intervenido en expedientes relacionados con locales del empresario encausado.

Además, según el fiscal algunos oficiales daban órdenes a agentes uniformados y motorizados en su reparto diario de funciones para que se apostaran en alguno de los locales del empresario y evitar así que tuviera que contratar seguridad privada. Varios agentes de la Policía Local de Palma elevaron una queja a sus superiores.

Para el empresario, el fiscal reclama cinco años de prisión por un delito de cohecho activo continuado y multa de 60.000 euros (20 meses con cuota de 100 al día). Por su parte, uno de los subinspectores y jefe de la unidad nocturna y de la Patrulla Verde se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada, a cuatro años y medio por cohecho pasivo y multa de 48.000 euros.

Los otros agentes y oficiales, así como el funcionario municipal, se enfrentan cada uno a cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 48.000 euros por cohecho pasivo continuado.