Exconsellera Marta Vidal niega presiones para posicionarse en favor de Port Olímpic en el concurso de Calanova

Consejero de PortsIB señala que la sociedad del amigo de Carlos Delgado "jugó con ventaja"

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Vivienda, Territorio y Movilidad Marta Vidal ha negado que recibiera presiones cuando en 2013 era consellera insular de Territorio en Menorca y estaba en el Consejo de Administración de PortsIB para posicionarse en favor de la sociedad Port Olímpic en el concurso por la gestión del puerto deportivo de Calanova.

Vidal ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que en la Audiencia Provincial sienta en el banquillo al exconseller de Turismo Carlos Delgado y a otras cinco personas acusadas de irregularidades en la tramitación de este procedimiento. El que fuera conseller con José Ramón Bauzà entre 2011 y 2013 está acusado de maniobrar e influir para que el puerto acabara en manos de la sociedad Port Olímpic, de la que era administrador un amigo y socio suyo.

La exconsellera de Vivienda ha admitido que se trató de un procedimiento complejo y que en los consejos de 2014 que tenían que tratar los recursos de dos empresas que no obtuvieron la adjudicación se suscitaron debates en torno a la cuestión, ampliamente presentada en las sesiones de la vista, de la modificación del cuadro de amarres que a la postre había permitido a Port Olímpic decantar el procedimiento a su favor. Al parecer, estas dos empresas no habían conocido las consultas planteadas por la licitante ganadora ni las respuestas de la administración en relación al cuadro de amarres y fueron rechazados.

La testigo ha admitido que la documentación con la que tenía que abordar la participación en los consejos "llegaba tarde y mal", una cuestión que, ha añadido, "siempre le ha incomodado". De este modo, ha explicado que orientó el sentido de su voto en los consejos en función de las explicaciones que allí se presentaban por parte de los representantes de la Conselleria y de PortsIB.

En términos parecidos, el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma y director general de PortsIB en el momento de los hechos juzgados, Antoni Deudero, también ha negado presiones o indicaciones para que el puerto deportivo de Calanova acabara en manos de la sociedad administrada por el socio y amigo de Carlos Delgado.

El ahora edil en Cort ha explicado que las discrepancias surgidas durante la tramitación se resolvían con el criterio mayoritario de los representantes en el consejo de administración. El entonces director general del gestor portuario ha admitido que había una corriente dentro del ente contra la privatización de infraestructuras, decisión que en todo caso ha justificado porque la administración autonómica estaba "en quiebra técnica" y necesitaba generar ingresos.

ERRORES EN LA OFERTA

Otra funcionaria que emitió varios informes durante la tramitación del procedimiento ha recordado que la explicación de la oferta de Port Olímpic no era valorable en términos de homogeneidad por errores como la modificación del cuadro de amarres, aunque fueron subsanados. El informe pedía a la mesa de valoración que trasladara la interpretación de los pliegos para resolver esta cuestión.

Otro testigo, también miembro del Consejo de Administración, ha recordado que se refirió a la modificación del cuadro de amarres como "cambiar las reglas a mitad del partido". Este consejero ha indicado que se abstuvo en los consejos que trataron los recursos porque, ha dicho, "nunca había visto que se cambiaran las bases durante el procedimiento". También ha negado en todo caso haber recibido algún tipo de presión o indicación para votar en un sentido o en otro.

También ha comparecido el miembro del Consejo de Administración de PortsIB que en una reunión advirtió que la modificación del cuadro de amarres podría ser motivo para excluir la oferta de Port Olímpic e, incluso, para anular el concurso.

El entonces consejero ha señalado que no tuvo conocimiento de las consultas que sobre este tema había formulado Port Olímpic ni las respuestas recibidas por parte de la Administración. El testigo pidió informes al respecto. "No lo veía correcto. Uno jugaba con ventaja", ha indicado.

El testigo ha admitido que en PortsIB circulaban "notas internas" de partidarios de que los recursos de las sociedades que no obtuvieron el concurso fueran admitidos.

El caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic y el Ministerio Público acusa al exconseller de haber manipulado el concurso para beneficiar a su socio, que tras la adjudicación vendió sus participaciones en la sociedad que se había creado expresamente para el concurso.

Fiscalía pide para el exconseller Carlos Delgado una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para el resto de los acusados se reclaman igualmente penas de cárcel similares y multas también por encima del millón de euros.