Exgerente de PortsIB dice que envió a un acusado informes que estimaban los recursos contra la adjudicación de Calanova

El exconseller Carlos Delgado (i), junto al resto de acusados del caso Calanova, en la Audiencia Provincial.
El exconseller Carlos Delgado (i), junto al resto de acusados del caso Calanova, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS
Publicado: miércoles, 11 diciembre 2024 13:56

Otro testigo cree que Delgado y Gelabert eran "amigos" y que la intención del exconseller era que se incorporara a su despacho

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El que fuera gerente de PortsIB entre mayo de 2013 y agosto de 2015, periodo en el que se tramitó el concurso y la adjudicación de la gestión del puerto de Calanova, ha asegurado que envió a uno de los acusados, el entonces secretario general de Turismo, Joaquín Legaza, informes jurídicos en los que se proponía la estimación de los recursos presentados por dos licitantes que finalmente fueron rechazados.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha seguido este miércoles con el juicio por el conocido como caso Calanova, que sienta en el banquillo al exconseller de Turismo Carlos Delgado y a otras cinco personas por presuntas ilegalidades durante el concurso en 2013 para la gestión del puerto deportivo y que acabó adjudicado a la sociedad de la que era administrador un amigo y socio suyo.

El hombre, que ha comparecido en calidad de testigo y también era vocal del consejo de administración de PortsIB, ha explicado que decidió ausentarse de los consejos sobre la gestión de Calanova al tener conocimiento de que una de las empresas licitantes, Port Olímpic --la que ganó el concurso--, pretendía que la escuela del puerto la gestionara una academia en la que él había trabajado anteriormente.

Esa decisión se la trasladó a Delgado, quien, según el testimonio del exgerente de PortsIB, "se sorprendió". De cualquier modo, finalmente no estuvo presente en los consejos en los que se trató la adjudicación del concurso, la concesión y los dos recursos de reposición presentados por sendos licitantes contra la adjudicación.

No obstante, a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, el testigo ha asegurado que remitió a Legaza, entonces secretario general de la Conselleria de Turismo y secretario del consejo de administración, dos informes de valoración jurídica que decían que los recursos debían estimarse, que a su vez le había enviado la jefa jurídica de PortsIB.

Aunque no ha sabido aclarar de qué forma envió dichos expedientes a Legaza --uno de los abogados de las defensas ha puesto de manifiesto que cuando la Guardia Civil revisó su cuenta de correo electrónico no encontraron rastro de dichas comunicaciones--, se ha mostrado convencido de que así lo hizo.

"Sí, estoy seguro, porque para mí, y eso lo comenté en instrucción, era un expediente incómodo porque PortsIB estaba acostumbrado a gestionar de manera autónoma el tema de los concursos. Y entiendo que era un puerto que no pertenecía a PortsIB, que venía de Deportes, y en esa situación yo trasladaba absolutamente cualquier información relativa a este expediente por todo lo que se ha generado", ha expuesto.

El testigo ha dicho que no tuvo noticia de que esos informes llegaran a los miembros del consejo de administración y que desconoce los motivos por los que no pudieron llegar. Sí ha aclarado que el encargado último de redactar los puntos del día que se iban a abordar en cada una de las mesas era Legaza en calidad de secretario general de Turismo.

La citada abogada de PortsIB no ha declarado en el juicio, pero en una de las vistas sí se reprodujo una declaración suya anterior. En ella explicó que todo el procedimiento se estaba haciendo "con muchísima prisa" y sin seguir el procedimiento indicado.

También indicó que, según su criterio, se estaban incumpliendo las bases del concurso y que, por tanto, ella se mostró a favor de suspender la adjudicación a Port Olímpic, de la que era administrador el acusado Carlos Gelabert. Asimismo, mostró su extrañeza por el hecho de que los recursos se estudiaran en la Conselleria, y no en PortsIB.

La Fiscalía pide para el exconseller Carlos Delgado una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para el resto de los acusados se reclaman igualmente penas de cárcel similares y multas también por encima del millón de euros.

DELGADO Y GELABERT ERAN "AMIGOS"

A lo largo de la vista de este miércoles, ya en la recta final del juicio oral, también ha testificado un hombre que coincidió con Delgado en el despacho de abogados del que ambos eran socios, aunque debido a su mala relación el exconseller acabó vendiendo sus participaciones a Gelabert a finales de 2014.

En ese momento, aunque ya se había adjudicado el concurso de Calanova, ambos acusados eran "amigos", ha dicho el testigo, quien sin embargo no ha sido capaz de certificar su grado de amistad.

No obstante, ha añadido, antes de que efectuara la venta de sus participaciones a Gelabert, Delgado ya le había trasladado su intención de que el empresario entrara a formar parte del despacho, aunque no como socio.

LICITADORES VISITANDO EL PUERTO Y SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES

Otro de los momentos destacados de la vista ha sido cuando dos hombres que trabajaban en el puerto de Calanova antes de su privatización --el administrador y un marinero-- han asegurado que, durante el concurso, vieron como grupos de personas que se habían presentado al concurso visitaban las instalaciones.

En concreto, el que fuera administrado del puerto desde 1976 dijo que uno de los acusados, Juan Birlanga, a quien conocía porque había sido monitor en la década de los 70, "pasaba mucho por ahí". No obstante, no ha podido identificar a ningún licitador más, pues no los conocía. "Si hubieran estado no los hubiera reconocido", ha esgrimido.

El marinero ha dicho que, aunque "no conocía a nadie", le "chocó" que diferentes personas visitaran el puerto y les preguntaran cómo funcionaban las cosas. Uno de esos grupos estuvo acompañado por la que en esas fechas fue nombrada directora de Calanova, una exfuncionaria del Ayuntamiento de Calvià que declaró el martes.

"Nosotros comentábamos: 'Estos son los que van a ganar'. Que yo viera la directora solo acompañó a unos, pero no lo recuerdo", ha expuesto.

Las partes también han preguntado a ambos testigos por el proceso de subrogación de los trabajadores de Calanova. El exadministrador ha dicho que entre ellos había "desconfianza y miedo" ante la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos.

El marinero, por su parte, ha coincidido en subrayar el clima de desconfianza y confusión, y ha explicado que primero fueron convocados a una reunión general con la directora, de la que no recuerda detalles, y posteriormente a una individual.

En esta última les hicieron firmar un documento para decidir si querían ser subrogados a la empresa que resultara adjudicataria o si, en cambio, preferían seguir formado parte de la administración pública.

"¿Pero les indujeron?", ha cuestionado Carrau. "No lo sé, tal y como nos lo habían puesto uno pensaba que era mejor largarse allí", ha contestado el marinero, quien no obstante ha explicado que entre sus compañeros pensaron --una vez conocieron que era el adjudicatario-- que Port Olímpic había ganado porque sabían que iban a "largar" a los trabajadores y que, por tanto, no tendrían que hacerse cargo de sus nóminas.

Tanto el consejero de una de las empresas licitantes como el presidente de una asociación de amarristas de Calanova --quienes también barajaron la posibilidad de presentarse al concurso-- han dicho que no sabían que, en base al pliego de condiciones, existiera la posibilidad de no subrogar al personal del puerto.

"Desconocíamos que existía la posibilidad de no subrogar en el caso de que los trabajadores no quisiera", ha indicado este último. "Si hubiéramos sabido que no había que subrogar a los trabajadores nuestra oferta del canon hubiera sido superior", ha sostenido el representante de una de las compañías licitantes.

Contador