La Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel para una funcionaria por apropiarse de 65.000 euros de multas

PALMA DE MALLORCA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha acordado mantener su petición de seis años de cárcel para una funcionaria del municipio mallorquín de Artà por presuntamente apropiarse, entre 2007 y 2011, de hasta 65.080 euros de las multas que imponía el Ayuntamiento en materia urbanística, una cantidad que el Consistorio, personado como acusación particular, estima en unos 33.000.

La defensa de la acusada, ejercida por el abogado Jaime Campaner, solicita por el contrario la libre absolución de su patrocinada al alegar que no cometió delito alguno y aseverar que si se ha cometido, ella no es la autora. "Las cosas son las que son, no las que queramos que sean, y verdad sólo hay una", ha llegado a manifestar el letrado durante el juicio celebrado por estos hechos.

En su declaración durante la vista oral, que ha concluido este miércoles, la encausada aseguró tajante que no se quedó "con ninguna cantidad": "Para mí estaba todo bien, pero lo que se ve algo falta. Tenía muchísimo trabajo y a lo mejor no presté la atención que debía". No obstante, ha incidido entre lágrimas en que no se apropió de ningún importe.

La funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y entre sus funciones se encontraba la de cobrar los importes de las multas impuestas. Tras ello, la acusada debía ingresar el dinero en el banco, en la cuenta corriente del Consistorio.

La inculpada manifestó que "trabajaba a salto de mata" y que a veces llevaba "un volumen tan grande de trabajo que guardaba el dinero en el cajón" y ordenaba a un compañero que "lo ingresara". En esta línea, insistió en que, entre otros numerosos asuntos, se encargaba de los contenciosos del Ayuntamiento, la agenda de los técnicos y de estar pendiente de las ordenanzas municipales.

En cuanto a la dinámica del cobro de las sanciones, explicó que se le ofrecía al interesado ingresar el dinero al banco o pagar en metálico. Una vez ella recibía el importe, lo llevaba al área de intervención, si bien desde el año 2007 comenzó a ingresarlo directamente en el banco.

Por su parte, su abogado recriminó ante los miembros del jurado encargados de enjuiciar la causa la "escasa consistencia" de la acusación: "No es seria". De hecho, hizo hincapié en que ni siquiera las acusaciones "se ponen de acuerdo entre sí, no están seguras".

"El Ministerio Fiscal sorprendentemente se descuelga y habla de 65.000 euros", remachó, incidiendo en que "esto no es una película, sino la vida real, en la que se gana y se pierde y la Fiscalía también pierde. Es una persona de carne y hueso y por tanto no está en posesión de la verdad absoluta, puesto que si la tuviera no habría jueces ni jurados".

Finalmente, la abogada que representa al Ayuntamiento de Artà reprochó que "la conducta de esta persona fue muy desleal", a pesar de tratarse de alguien "técnicamente muy competente que accedió por oposición. Sólo pedimos el dinero que está acreditado que se cobró y que no ha sido repuesto".