El juez Florit ordenó rastrear los teléfonos de periodistas sin tener identificados posibles autores de la revelación

En un auto señaló que estas medidas perseguían precisamente "averiguar la identidad" de los presuntos filtradores

FAPE insta a la sociedad a involucrarse en la defensa de la libertad de expresión: "No es asunto solo de periodistas"

   PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El juez que instruye el 'caso Cursach', el magistrado Miguel Florit, acordó el rastreo de los teléfonos de periodistas sin tener identificados posibles autores de la presunta revelación de secretos, en una pieza abierta para investigar el origen de las noticias periodísticas que se publicaban sobre la macrocausa.

   Así lo indicaba en un auto en el que acordó requerir a varias compañías telefónicas los listados de llamadas, geolocalizaciones y otros datos asociados a los teléfonos de tres periodistas y dos redacciones de medios de comunicación.

   Según consta en el sumario de la pieza separada, la primera solicitud por parte de la Policía para acceder a los datos telefónicos de los redactores de 'Diario de Mallorca' y Europa Press, así como del teléfono de la agencia, tuvo lugar el 12 de septiembre de 2018. La orden se dictó al día siguiente, después de que la Fiscalía avalara la medida -considerándola "no invasiva" y "proporcionada"-.

   El auto en el que el juez dio luz verde a la diligencia incluye dos puntos en el apartado de razonamientos jurídicos, en los que Florit alude a la ley de protección de datos y concluye que "es necesario acceder a los datos solicitados por la Policía".

   Sin embargo, el 17 de octubre de 2018 el juez dictó otro auto para realizar nuevos requerimientos a las teleoperadoras, esta vez sumando a una redactora de la Agencia EFE y el teléfono de su sede, a instancias de dos oficios policiales, uno de ellos con fecha del mismo día.

   Este nuevo auto es idéntico al anterior con la novedad de que Florit incluyó un párrafo adicional en la fundamentación jurídica, donde señala que en este caso "todavía no está identificado el autor o autores de la filtración efectuada y precisamente se persigue con estas medidas averiguar su identidad".

   Fue más tarde, el 26 de octubre, cuando la Policía solicitó la lista de llamadas de uno de los agentes que más tarde fue detenido; y el 27 de noviembre pidió más llamadas de los periodistas y la intervención y escucha de los teléfonos de los investigados y una persona próxima a uno de ellos.

OTRAS DILIGENCIAS

   Antes de estas pruebas, constan en autos como diligencias de investigación la toma de declaración a los miembros del Grupo de Blanqueo.

   En el sumario también se incluyen varios informes policiales, de diferentes fechas de octubre y diciembre, a partir de las denuncias efectuadas por el empresario Bartolomé Cursach y el exdirector del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert. En dichos informes se estudian publicaciones de 'Diario de Mallorca' y Europa Press sobre el caso, así como una noticia concreta de EFE y de los medios de comunicación que recogieron los teletipos de las agencias de noticias.

   Posteriormente, también se tomó declaración a un abogado del caso Cursach, al que se preguntó por un informe relacionado con un cliente suyo. Durante el interrogatorio la Policía le hizo constar expresamente que tenían conocimiento de llamadas a su número desde el teléfono de un medio de comunicación.

LA FISCALÍA NEGÓ QUE LA INCAUTACIÓN PERSIGUIERA DESCUBRIR LAS FUENTES

   Cabe recordar que el pasado 11 de diciembre, tres policías y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial y se incautaron del móvil de la periodista Blanca Pou. Esa mañana también requisaron el móvil al periodista de 'Diario de Mallorca' José Francisco Mestre, en este caso en los Juzgados. Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella por prevaricación contra el juez instructor, Miguel Florit, que fue admitida a trámite.

   Por su parte, la Fiscalía aseguró en un comunicado emitido el 19 de diciembre que la incautación "no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información", que "ya eran conocidas por otras vías de investigación", sino que perseguía el "aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito".