Florit inadmite el recurso de Europa Press contra la orden para recabar 3 años de datos telefónicos de su periodista

Los periodistas de Europa Press Baleares y El Diario de Mallorca llegan a depend
ISAAC BUJ/EUROPA PRESS - Archivo
Actualizado: jueves, 7 febrero 2019 17:30

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez instructor del 'caso Cursach', el magistrado Miguel Florit, ha inadmitido el recurso de apelación presentado por Europa Press y su periodista Blanca Pou contra una resolución del magistrado con la que ordenaba recabar casi tres años de datos telefónicos de la redactora.

El auto que Europa Press pretendía impugnar data de finales de noviembre, y con él, el juez ordenaba requerir a una compañía telefónica los listados de llamadas y posicionamientos del móvil de Pou desde enero de 2016.

El juez ha rechazado admitir a trámite este recurso alegando que ni la agencia de noticias ni la periodista son parte en la pieza separada, abierta para investigar el origen de noticias publicadas sobre el 'caso Cursach'. Este jueves, Florit ha dictado otro auto en el que inadmite por este mismo motivo otro recurso presentado por 'Diario de Mallorca' y el periodista Kiko Mestre.

Precisamente, el juez ha denegado reiteradamente la personación de los periodistas, solicitada después de que la Policía se incautara de móviles y diverso material al amparo de una orden de registro dictada por Florit en diciembre. A finales de enero, alegando que la orden de incautación ya había sido anulada, no admitió otro recurso de reforma con el que Europa Press pedía personarse.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) abrió diligencias a raíz de la querella contra Florit por presunta prevaricación, presentada por Europa Press y 'Diario de Mallorca' y los dos periodistas después de la incautación. La documentación que el TSJIB entregó a los querellantes reveló que durante la instrucción también se había investigado la actividad de los teléfonos móviles de los periodistas.

Por ello, los afectados han ampliado la querella para incluir en ella estos hechos, que entienden que vulneran los derechos constitucionales al secreto de las comunicaciones y al secreto profesional periodístico, entre otros. También han dirigido la querella contra el fiscal Anticorrupción que avaló todas estas decisiones, Juan Carrau.

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