Formentera pide que Delegación del Gobierno se haga cargo de las pateras abandonadas en el litoral

FORMENTERA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha expresado su voluntad de que sea Delegación del Gobierno quien se haga cargo de la retirada de las pateras en el litoral.

Según ha informado este lunes la institución insular en un comunicado, en la actualidad hay más de 30 embarcaciones en la isla a la espera de ser gestionadas como residuos.

En esta línea, han asegurado que en el próximo pleno se debatirá la propuesta puesto que, en la mayoría de ocasiones, estas naves quedan a la deriva en zonas de difícil acceso.

El hecho de que las administraciones no dispongan de los medios materiales y humanos necesarios para su retirada "crea un grave problema medioambiental debido al vertido de hidrocarburos y, además, deteriora la imagen de la isla porque permanecen abandonadas mucho tiempo", han afirmado desde el Consell.

Además, han indicado que han estado retirando estas pateras al Área de Gestión de Residuos de Es Cap, asumiendo un coste económico que no le corresponde, según ha puntualizado la institución insular.

Por todo ello, han asegurado que elevarán al pleno del Consell instar a Delegación del Gobierno a asumir los costes reales de la retirada, el transporte y la gestión de estos restos y, si es necesario, que se autorice a la administración insular sobre el procedimiento a seguir con este tipo de barcos.

También ha considerado necesario establecer un diálogo entre las administraciones implicadas para coordinar la retirada y gestión de las barcas que llegan al litoral, firmando un acuerdo o convenio para que el Consell disponga de los medios necesarios para seguir realizando esta labor de manera regulada y con una contraprestación económica.

Además, el Consell instará al Gobierno central y a la Unión Europea para que Formentera sea declarada territorio de primera línea de frontera de la UE y, por tanto, cuente con los medios técnicos y humanos necesarios para evitar la consolidación de la ruta de entrada irregular de inmigrantes, garantizando el funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia y la correcta dotación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

También propondrá al Estado que las plantillas de los cuerpos policiales estén completas, contando con medios de prevención y complementos salariales adecuados al coste de la vida en las Islas.