Funcionaria del Ayuntamiento relata anomalías en locales del Grupo Cursach pero niega facilidades para solucionarlas

Otro policía local se desdice de su declaración ante Subirán y asevera que "jamás" recibió una queja por inspección

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una funcionaria del Ayuntamiento de Palma ha relatado, este lunes durante el juicio por el caso Cursach en la Audiencia Provincial de Baleares, diferentes anomalías durante inspecciones a locales propiedad del empresario Bartolomé Cursach, pero ha negado que se les diera facilidades desde Cort para solucionarlas. "No había orientaciones diferentes, a todo el mundo se le da ayuda por igual".

Ante preguntas del Ministerio Fiscal y los letrados de la defensa, la testigo ha relatado diferentes inspecciones que realizó en locales como Megapark, Tito's o Pachá. La mayoría, según ha añadido, venían por orden del Juzgado de Instrucción número 12, que fue el encargado de la instrucción judicial del caso Cursach. A la funcionaria le llegaban, no obstante, por comunicación del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.

En su interrogatorio, ha subrayado que colaboró con el Grupo de Blanqueo en la redacción de informes sobre los locales que le pedían, pero no compartió las conclusiones de los mismos. Igualmente, la funcionaria ha negado que hubiese "favoritismo" en departamentos del Ayuntamiento de Palma respecto a locales del Grupo Cursach ya que tramitaba expedientes sancionadores.

Ante preguntas del fiscal Juan Carrau, la testigo ha explicado que, en 2017, el Megapark no tenía título para ejercer la actividad ya que en una inspección se dio cuenta de que la normativa de la Playa de Palma le otorgaba la calificación de zona turística hotelera. Además, ha indicado irregularidades en la tramitación de unas obras.

Ante preguntas de los letrados de la defensa, la funcionaria ha señalado que desde Blanqueo la querían a ella en las inspecciones de los locales. "Primero fuimos a Pachá y lo revisamos. Luego miramos el expediente y vimos un montón de anomalías e hicimos un informe", ha afirmado.

Posteriormente, fueron a Tito's, donde la funcionaria ha confesado que había cosas "que no cumplían la normativa", algo que derivó en una medida provisionalísima para su cierre.

Preguntada sobre su relación de amistad con el juez Manuel Penalva o el fiscal Miguel Ángel Subirán, la testigo ha indicado que es amiga de la infancia de la pareja del magistrado, pero ha negado que determinara su trabajo elaborando los informes o en las inspecciones de locales. Así mismo, ha reconocido que estuvo en cenas con los inspectores de la Policía Nacional, aunque ha rechazado que hablasen del caso. "Leía los periódicos", ha añadido.

DECLARACIÓN GUIADA POR SUBIRÁN

Previamente a la funcionaria, otro policía local más se ha desdicho de su declaración durante la fase de instrucción judicial ante el fiscal Miguel Ángel Subirán y ha aseverado que "jamás" recibió ninguna queja por alguna inspección "injusta o arbitraria".

Durante el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ya son varios los policías locales de Palma que han negado sus palabras ante Subirán y la han justificado por el temor a ingresar en prisión. La declaración de hoy del primer testigo, de los cinco que hay citados, ha ido en este sentido.

Nada más comenzar y después de que el Ministerio Fiscal haya advertido una contradicción al preguntarle por supuestos preavisos a locales en la Playa de Palma, el testigo ha interrumpido su declaración para matizar que en esa ocasión estaba "bajo un estado de pánico".

"Mi declaración fue condicionada bajo el temor de que pudiera ingresar en prisión. Muchas respuestas eran sugeridas por el fiscal", ha afirmado, para después advertir que como profesional "jamás podría consentir" que compañeros de servicio estuviesen de fiesta: "Eso era imposible. Mi declaración no responde a la realidad".

Además ha precisado que la orden de avisar antes de dirigirse a la Playa de Palma era superior, no procedía del subinspector Bartolomé Capó, actualmente sentado en el banquillo de acusados para quien la Fiscalía solicita un año y tres meses de cárcel.

Con todo, ha subrayado que el cierre del local El Cavalli, propiedad de 'El Ico', vino por las irregularidades detectadas en la sonometría que realizaron, así como por las múltiples denuncias que acumulaba de los vecinos.

El policía local ha negado algún delito por parte de sus compañeros de la Patrulla Verde. "Si hubiese visto alguna actividad delictiva, se habría detectado", ha afirmado, mientras ha detallado que las campañas del Ayuntamiento sobre algunas zonas de ocio como La Lonja o el Paseo Marítimo implica "mayor presencia" policial.