Funcionarios de la Conselleria niegan presiones para votar a favor de Port Olímpic en el concurso de Calanova

Empresarios que perdieron el concurso no supieron que se habían realizado consultas sobre la modificación del cuadro de amarres

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos funcionarios de la Conselleria de Turismo han negado que recibieran algún tipo de presión para posicionarse en 2013 a favor de la sociedad Port Olímpic en el concurso por la gestión del puerto deportivo de Calanova.

Ha sido en la sesión de este martes del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y que sienta en el banquillo al que fuera conseller de Turismo Carlos Delgado y a otras cinco personas por supuestas irregularidades durante el concurso para la privatización de esta infraestructura.

Delgado está acusado de maniobrar e influir para que el puerto acabara en manos de la sociedad Port Olímpic, de la que era administrador un amigo y socio suyo.

En concreto, ambos empleados públicos se han referido a la mesa que tenía que valorar la exclusión de la sociedad Port Olímpic, que había presentado un canon significativamente superior al de las empresas competidoras en base a una modificación del cuadro de amarres que determinaban las bases, algo que inicialmente no estaría permitido.

Los dos funcionarios han negado presiones para rechazar la exclusión de la sociedad de la que era administrador Carlos Gelabert, amigo y socio del exconseller y que más tarde vendería sus participaciones, aunque han admitido que se posicionaron a favor de no excluir a esta empresa en base a las opiniones de otros miembros formuladas en ese momento.

Un funcionario de PortsIB que colaboró en la redacción de los pliegos ha insistido, por su parte, en que el cuadro de amarres que venía determinado en las bases no se podía modificar a la hora de presentar la oferta económica y para que las ofertas fueran homogéneas.

Este empleado ha admitido que el que fuera mano derecha de Delgado, Joaquín Legaza, pedía "agilidad" en la tramitación, aunque ha indicado que "no notó presión alguna".

Dos empresarios cuyas sociedades quedaron fuera de la licitación han asegurado, por su parte, que en ningún momento tuvieron conocimiento de las consultas que Port Olímpic habría hecho en relación a la posibilidad de modificar el cuadro de amarres ni de las respuestas efectuadas por la Administración. Los recursos de ambas sociedades tras la adjudicación a Port Olímpic fueron desestimados.

Uno de estos empresarios ha hecho hincapié en que la oferta que resultó ganadora era temeraria y desproporcionada y que era incompatible con el cuadro de amarres previsto en las bases. "Los pliegos eran clarísimos, no se podían modificar los amarres", ha señalado.

El otro, por su parte, se ha referido a la subrogación del personal público, explicando que de haber sabido que no tenían la obligación de subrogar habrían presentado un canon más elevado.

La sesión de este martes ha finalizado con la reproducción de la declaración en sede judicial de la abogada de PortsIB sobre las supuestas instrucciones que Legaza habría dado en su momento para la tramitación del expediente. Las partes han aceptado que, ante la imposibilidad de esta testigo de comparecer, se dé validez a la declaración en instrucción.

En aquella declaración, la testigo explicaba que todo el procedimiento se estaba haciendo "con muchísima prisa" y sin seguir el procedimiento indicado. "Me dio la sensación de que se estaba tramitando un concurso muy enfocado a la contratación", ha señalado.

La mujer recordaba que advirtió que se están incumpliendo las bases del concurso y que se mostró conforme a la suspensión de la adjudicación. También mostró su extrañeza por el hecho de que los recursos se estudiaran en la Conselleria y no en PortsIB.

Cabe recordar que Fiscalía pide para el exconseller Carlos Delgado una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para el resto de los acusados se reclaman igualmente penas de cárcel similares y multas también por encima del millón de euros.

El caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic y el Ministerio Público acusa al exconseller de haber manipulado el concurso para beneficiar a su socio, que tras la adjudicación vendió sus participaciones en la sociedad que se había creado expresamente para el concurso.