PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El GOB ha anunciado este jueves que sale del Pacto social y político para la sostenibilidad de Baleares ante las "políticas regresivas" que consideran que lleva a cabo el Govern.
En rueda de prensa, la entidad ecologista ha señalado que las medidas incorporadas a través de la Ley de Simplificación Administrativa "provocan que este supuesto proceso de participación ciudadana se convierta en una simple operación de blanqueo".
Por ello, exigen al Govern de Marga Prohens que elimine aspectos como la regularización de construcciones ilegales en rústico o la posibilidad de construir en zonas de riesgo. "La apuesta del Govern por las políticas regresivas que estamos viendo hace que los debates que promueve el Ejecutivo sean estériles y conviertan la participación ciudadana y de las entidades sociales y ecologistas en una simple operación de blanqueo", han opinado.
El GOB ha defendido que, hasta ahora, ha participado en las mesas donde la entidad ha sido convocada y ha aportado propuestas, "pero las decisiones de las últimas semanas por parte del PP, con la aprobación de medidas que hacen retroceder 40 años en desprotección ambiental, nos obligan a decir 'basta'".
Según han destacado, algunos contenidos que el Govern ha introducido "en la mal llamada" Ley de simplificación administrativa "hipotecan" los posibles resultados del Pacto para la Sostenibilidad.
En concreto, el GOB exige que se elimine de la Ley la legalización de edificios ilegales en rústico porque "premia a los infractores en detrimento de la gente que ha hecho las cosas bien", la posibilidad de construir en zonas de riesgo puesto que "permitir construir y legalizar edificios de uso habitual en zonas que se encuentran identificadas como en peligro de inundación, incendio, de erosión o deslizamiento, es poner los negocios por delante de la vida de las personas".
Además, también reclaman que se retire la posibilidad de construir en zonas protegidas por la Ley de Espacios Naturales, que hasta ahora estaban sustraídas al crecimiento urbanístico. "En unas islas tan presionadas por el turismo, con recursos que se agotan -como el agua potable- o espacios que se encuentran saturados durante muchos de meses -como determinadas playas-, al menos las zonas más reconocidas por su valor natural tienen que quedar restringidas de más operaciones urbanísticas".
La entidad ecologista ha dicho asumir los argumentos por los cuales el Foro de la Sociedad Civil -del que forman parte- decidió suspender su participación y también la argumentación expuesta por la Federación de Asociación de Vecinos de Palma.
"Añadimos a los argumentos sobre las formas y la negación de los impactos derivados de la especialización económica turística, los relativos a la incoherencia manifiesta del relato político y las políticas realmente ejecutadas. Queda claro cuál es la verdadera intención de este Govern: incentivar la inversión y la especulación, premiar los infractores y alinearse con un pacto empresarial inmobiliario y turístico que pretenden blanquear con la falsa participación de las entidades sociales. Todo esto a la vez que impulsan políticas gravemente regresivas en términos ambientales y territoriales", han explicado.