PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El GOB ha reclamado a los partidos de la oposición en el Parlament que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Simplificación Administrativa, que han calificado como "la mayor operación especulativa" de la historia reciente de Baleares.
Para la entidad ecologista, los decretos que previsiblemente se aprobarán este martes en el Parlament "no resuelven el grueso de los despropósitos de la ley", ya que, a su juicio, supone una "involución" en materia ambiental y de protección territorial "sin precedentes".
En una nota de prensa, el GOB ha apuntado que la negociación de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca con el PP prohíbe la construcción de nuevos proyectos y la legalización en zonas inundables pero han subrayado que "permite la aministía de casas y usos ilegales en rústico sin tener que cumplir los mínimos parámetros que marca la ordenación territorial".
"Los decretos del Govern, que hoy tendrán luz verde en el Parlament en base a los nuevos acuerdos parlamentarios, salvan la construcción y legalización en inundables pero posibilitan que sí se puedan construir nuevas edificaciones en otras zonas de riesgo, como de incendio, deslizamiento y erosión", han argumentado.
En ese sentido, han señalado se incorpora la posibilidad de consolidar casas "fuera de ordenación" o "el silencio positivo" en procesos relacionados con construcciones ilegales.
Desde el GOB han remarcado que así se mantienen y se añaden "causas de inconstitucionalidad" en los nuevos textos legales, por lo que confían en que los grupos de la oposición "impulsen iniciativas en este sentido, tanto desde el Gobierno como desde los parlamentos".
"Prohibir la construcción en zonas inundables no es suficiente y amnistiar a los propietarios con construcciones ilegales no puede tolerarse", han reivindicado.
Además, bajo su punto de vista, la disposición que permite legalizar construcciones en rústico es una norma "arbitraria", que genera "agravios comparativos entre la ciudadanía".
De este modo, han argumentado que a cualquier persona que quiera construir en suelo rústico se le pide una parcela mínima, unas alturas máximas, no superar determinadas volumetrías u otros parámetros urbanísticos, además de contratar técnicos cualificados y pagar las oportunas licencias.
"Ahora, se podrán legalizar miles de construcciones sin pedir el cumplimiento de los requisitos que rigen para quienes hacen las cosas bien", han reprochado, a lo que han añadido que en breve se reunirán con los partidos de la oposición para insistirles en la necesidad de interponer recurso de inconstitucionalidad ante esta norma.