El Gobierno aprueba por decreto parte del nuevo Régimen especial para Baleares

La fórmula permite que entren en vigor medidas económicas que se consideran urgentes antes de que concluya la legislatura El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley con parte del nuevo Régimen Económico Balear (REB) con las medidas económicas que considera más urgentes, de manera que puedan entrar ya en vigor una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El REB es un instrumento similar al régimen especial de las Islas Canarias con el que se trata de amortiguar los efectos de la insularidad. Uno de los elementos destacados que contempla el decreto es precisamente lo que se llama el factor de insularidad, para compensar especialmente en materia de inversión pública las desventajas de la peculiar situación geográfica de la comunidad autónoma. Este factor se incluirá cada año en los Presupuestos Generales del Estado y servirá para que Baleares reciba inversiones del Estado en la media del conjunto de las autonomías. Ambos gobiernos decidirán en Comisión Mixta y cada ejercicio el uso de estos fondos, que podrán ser empleados en infraestructuras ferroviarias, carreteras, instalaciones hidráulicas, becas de investigación y formación y mejora de zonas turísticas, entre otros. Otro de los elementos que recoge el real decreto es el de las bonificaciones al transporte; en concreto, incluye la bonificación de hasta el 75% de las tarifas aéreas y marítimas para el transporte de personas en trayectos directos entre las islas y el resto del país, y hasta el 65% del coste medio del flete para exportación de productos. En energía, se promueven las energías limpias, la ejecución de una segunda interconexión de las islas y la península y una compensación para que el precio del gas natural y los gases líquidos sean equivalentes a los de la península. Este real decreto entrará en vigor, pero tiene que ser convalidado por el Congreso, bien en el Pleno que se celebra esta próxima semana, último de la legislatura, o bien por la Diputación Permanente de la Cámara Baja una vez que esta se haya disuelto por la convocatoria de elecciones. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de ley con incentivos fiscales, pero que a diferencia del decreto tiene que ser debatido y aprobado por las Cortes, lo que ya no ocurrirá al concluir la legislatura. Tendrá que volver a ser presentado en la próxima. En concreto, el Gobierno plantea dos nuevos incentivos para ayudar a las empresas que trabajan en las islas a compensar la insularidad. Por un lado, se les permitirá reducir hasta un 90% en la base imponible del Impuesto de Sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones en el territorio. Por otro, el Ejecutivo propone un bonificación del 10% en Sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos en Islas Baleares. Como condición, las empresas tendrán que mantener el empleo, pero esta bonificación subirá al 25 cuando crezca su plantilla media. MESES DE ESPERA La presidenta autonómica, Francina Armengol, acordó con el anterior ministro 'popular' de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el REB sería aprobado por el Consejo de Ministros antes de verano del año pasado para que la ley fuera debatida y ratificada por las Cortes antes de que acabara 2018. Las negociaciones marchaban por buen camino pero no habían concluido cuando cayó el Gobierno del PP por la moción de censura; el nuevo Ejecutivo, socialista como Armengol, retomó los trabajos pero no había aprobado todavía el proyecto en Consejo de Ministros. Las medidas que se consideran más urgentes del REB podrán ahora entrar en vigor. El Gobierno ha explicado que con este real decreto cumple con el artículo 138.1 de la Constitución, que reconoce el hecho insular como una circunstancia que "debe ser tenida en cuenta para establecer el adecuado y justo equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español". También responde al Estatuto de Autonomía balear, que alude al hecho diferencial de la insularidad. Canarias también aplica un régimen específico que tiene en cuenta su situación geográfica.

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